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La tasación judicial valora el edificio de Ade en Arroyo por encima de lo que pagó la Junta

La tasación judicial valora el edificio de Ade en Arroyo por encima de lo que pagó la Junta

El informe del perito independiente descarta 'pelotazo urbanístico' en la operación de compraventa del inmueble

M. J. Pascual

Miércoles, 16 de septiembre 2015, 21:50

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La tesis del pelotazo urbanístico en la compraventa del edificio de ADE Parques en Arroyo de la Encomienda, actual sede de la Consejería de Economía y Hacienda, se desinfla. Al menos, así se desprende de la tasación realizada por encargo del juez que investiga si, tal y como sostiene la Fiscalía, en esta operación inmobiliaria y en la del fallido parque empresarial de Portillo, cargos y excargos de la Junta vinculados a la sociedad pública, así como empresarios de la comunidad, pudieron incurrir en delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El estudio comparativo de cerca de un centenar de páginas realizado por el perito judicial, un experto del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valladolid, no solo descarta que la Junta pagara un sobreprecio por el inmueble, sino que lo valora por encima de los 53 millones (sin IVA) del coste inicial del valor de la venta, aunque después los distintos modificados de la construcción solicitados por la Junta incrementaron en seis millones el precio. Con todo, el autor del informe valora el edificio conocido popularmente como Perla Negra en cerca de 58 millones de euros, conforme a los precios medios del mercado establecidos en 2009.

El informe, que ya estudian los abogados de los investigados y sobre el que, con toda probabilidad, pedirán al juez instructor que archive la causa contra sus clientes, es el tercero de los cuatro que ha pedido el magistrado César Gil Margareto, y contradice los emitidos anteriormente por el Grupo de Delincuencia Económica y Hacienda sobre las actividades y contratos de la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, que apuntaban a una supuesta «connivencia» entre la sociedad pública y la promotora del edificio, así como a una gestión de los recursos públicos «que va en contra de la eficiencia y la economía».

Por el contrario, esta tasación está en la línea de las otras cuatro de parte, que fueron realizadas en su día por encargo de ADE para justificar tanto la compra del edificio de Arroyo como los terrenos de Portillo. Entre ellas, la auditoría firmada por la compañía Arthur Andersen.

Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que, con independencia de que pudieran derivarse irregularidades administrativas, que tendrán que ser probadas por la acusación, o establecerse responsabilidades políticas sobre la oportunidad de llevar a cabo estas operaciones inmobiliarias en el momento de estallar la burbuja inmobiliaria, con este estudio de tasación se desmontaría la causa penal, «a no ser que la Fiscalía pueda probar la existencia de comisiones y financiación irregular, pero eso sería otra cuestión, no un pelotazo urbanístico», sostienen. La investigación sobre estas operaciones realizadas por ADE arrancó a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2013, al recibir un escrito de denuncia firmado por Jesús Carlón, exdelegado de Gesturcal (la actual ADE) en varias provincias. En noviembre de 2014, inspectores del Grupo de Delincuencia Económica y funcionarias de la Intervención General del Estado entraron en el edificio y se llevaron la contabilidad de la empresa pública desde 2008 a 2014. El pasado 6 de abril el juez instructor abrió formalmente las diligencias, pero la querella no se dirige, al menos por el momento, contra personas físicas, sino contra dos sociedades: la empresa Parque Empresarial de Portillo y ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León.

El 6% por encima de la tasación en Portillo

La compra de suelo para realizar el parque empresarial en el término de Portillo también estuvo dentro de los márgenes del valor del mercado del año 2010, según el mismo tasador oficial, aunque el proceso de acopio de terreno para el proyecto, que sigue en el limbo y con un pleito civil en marcha, duró ocho años.

Así como la Intervención del Estado vio ilegalidades, e incluso llegó a señalar en su informe que dicha adquisición de fincas había generado una deuda a la Junta de 20 millones de euros, tras la comparación realizada del valor de las fincas rústicas adquiridas y de aquellas que ya estaban delimitadas en el sector nueve con las de otros poligonos industriales de la provincia, se concluye que los 29,8 millones de euros que se pagaron en total por dichos terrenos están dentro del margen legal de la fluctuación de precios. En concreto, se pagaron 17,7 millones por 58 parcelas de suelo urbano sin urbanizar y 11,3 millones por 56 parcelas rústicas, con una superficie de 439.230 y 32.184 metros cuadrados, respectivamente. La tasación del perito difiere, a la baja, en 1,7 millones de euros, lo que supone que la Junta pagó por esos terrenos el 6% más, un porcentaje que, en el arco de fluctuación de precios de entonces, está todavía lejos del máximo recomendable del 17,85%, con el añadido de que el pago fue aplazado a dos años. Explicaron fuentes jurídicas que en esa zona, frente a otras comparadas, ya estaban implantadas empresas grandes que sumaban un millar de empleos y además hay que valorar la existencia de acceso directo del polígono a una buena vía de comunicación, lo que incrementaría el valor de los terrenos.

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