Secciones
Servicios
Destacamos
M. J. Pascual
Jueves, 20 de agosto 2015, 09:33
Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Terminada la cosecha y las fiestas, como había prometido, la directiva de Asaja de Castilla y León hace frente hoy al conflicto interno que colea desde hace meses, tras la expulsión fallida del dirigente Lino Rodríguez, como respuesta «al daño a la imagen del sindicato» producida por la investigación judicial abierta sobre su gestión al frente de la organización en Valladolid. Después de que la Audiencia Provincial anulara la expulsión de Rodríguez porque la dirección que preside Donaciano Dujo no siguió los trámites marcados en los estatutos de Asaja para tomar ese acuerdo, esta mañana los barones provinciales resolverán los expedientes y ratificarán como ya lo anunció Dujo la máxima sanción a Rodríguez a propuesta del comité de conflictos y disciplina, que tuvo que crearse al efecto en junio pasado para acatar la sentencia judicial.
Para Asaja Valladolid, que ha presentado alegaciones y exige que se archiven estos expedientes sancionadores abiertos a Rodríguez y su mano derecha, Gerardo Rico, la actuación de la directiva regional «es una represalia por pedir las cuentas, salarios y dietas de Asaja Castilla y León y de su presidente, Donaciano Dujo y su secretario general, José Antonio Turrado». Unas cuentas a las que tendrá acceso la organización provincial también por orden judicial.
En las alegaciones planteadas por Rodríguez ante el comité de conflictos se insiste en que la dirección regional les ha causado «indefensión» y plantea la recusación de cuatro de sus integrantes «por oscurantismo, ya que se ha ocultado quienes son los miembros del comité para saber si pueden ser causa de abstención y recusación. Lo que invalidaría la imposición de cualquier sanción en el supuesto que se decrete una vez tramitado el expediente».
Especialmente «sangrante», afirman en un comunicado, es la posición del instructor del expediente, Santiago Carretón, «cuando incumple varios artículos del régimen interno como el de ser profesional de la agricultura, y del código ético, que señala que los miembros del comité ejecutivo regional, además se cumplir los requisitos estatutarios debe gestionar de forma directa y personal su explotación».
Esta doble circunstancia, alegan, «impediría a Carretón ser instructor. Además, es objeto de recusación porque tiene interés personal y enemistad manifiesta con las personas que pretende sancionar».
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Horarios e itinerarios de la Semana Santa de Cádiz 2024
La Voz de Cádiz
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.