Borrar
Comunidad de vecinos Santa María 18 de Iscar en Valladolid
Los bancos deben a las comunidades de vecinos cinco millones de euros

Los bancos deben a las comunidades de vecinos cinco millones de euros

La morosidad crece el 25% en Valladolid y supone ya una quinta parte del total de lo que se adeuda a los vecindarios

Vidal Arranz

Martes, 7 de julio 2015, 11:07

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Los bancos y cajas de ahorro no predican con el ejemplo y son los primeros en no pagar. Su morosidad en relación con las comunidades de propietarios a las que pertenecen las viviendas de las que son dueños creció un 25% el pasado año en Valladolid. La cifra total ha pasado de 4 a 5 millones de euros y supone ya una quinta parte del total de lo que se adeuda a las fincas de la provincia.

Otra paradoja más para alimentar la indignación: la morosidad financiera es la única que crece. En cambio, se reducen tanto la de los morosos intencionales, o jetas profesionales, como la de los morosos por necesidad, aquellos que dejan a deber sus cuotas porque no tienen dinero para pagar, a causa de problemas económicos relacionados con la actual crisis. De hecho, la cifra global de impagados a los comuneros sólo ha aumentado un 0,25% en Valladolid, pasando de 20 a 20,5 millones de euros. Esto supone que las otras formas de morosidad se han reducido en alrededor de medio millón de euros, según los datos del Cuarto Estudio Global sobre la Morosidad en Comunidades de Propietarios de España.

El informe, que se elabora a través de un sistema directo de encuesta contestada por los administradores de fincas y presidentes de comunidades de propietarios, revela que Valladolid, y Castilla y León en su conjunto, están entre las regiones de España donde menos creció la morosidad. A modo de ejemplo, en Castilla La Mancha creció un 8,8%, o un 8,6% en Murcia, mientras que en el conjunto de Castilla y León apenas aumentó un 1,07% en 2014.

«La morosidad de las comunidades de propietarios es especialmente complicada, porque tiene tendencia a aumentar. En otros sectores, al que no paga no se le vuelve a suministrar bienes o servicios, pero aquí no es posible actuar así», explica Salvador Díez, presidente al tiempo de los administradores de fincas de Valladolid y del conjunto de España. Esto explica también que el tiempo necesario para cobrar sea especialmente alto. La media nacional está en 169 días, casi medio año, pero el abanico oscila entre 118 días (tres meses) y 220 (siete).

La morosidad financiera es especialmente molesta e irritante para los propietarios de fincas porque resulta más difícil de reclamar. La razón es que habitualmente bancos y cajas no comunican a las comunidades que se han hecho con la propiedad de las viviendas en cuestión, normalmente en procesos de embargo o liquidación de hipotecas. «Hay excepciones, pero lo más habitual es que ni siquiera registren su titularidad de los pisos para ahorrarse gastos y posibles litigios». En consecuencia, cuando el administrador de fincas, o el presidente de la comunidad, acude al registro a informarse no sabe a ciencia cierta a quién reclamar. «Lo peor es que esto genera también problemas de mantenimiento en los edificios, porque no hay a quien acudir en caso de que surja una gotera o un daño que repercuta en otros pisos».

La venta como solución

La experiencia cotidiana indica que todos los problemas económicos suelen resolverse de golpe cuando el banco logra vender la vivienda. Entonces ya sí está interesado en ponerse al día y saldar sus cuentas. Pero, entretanto, la comunidad tiene que apañárselas sin los recursos que aportan sus cuotas. Si se trata sólo de uno o dos pisos en todo un bloque el impacto puede ser moderado, pero la situación cambia drásticamente si el número de viviendas en manos de bancos o cajas de ahorro es más relevante.

Tan significativo como el aumento de los impagados bancarios es la reducción de la morosidad por necesidad. «Lo peor de esto es que generan situaciones muy difíciles en la vecindad porque se bloquea la posibilidad de realizar cualquier actuación que requiera una derrama», explica Díez. Sin embargo, «ya en el segundo semestre del año pasado y en lo que va de este 2015 hemos notado que se ha rebajado esta tensión en las comunidades».

Gran parte del problema tiene su origen en las ejecuciones hipotecarias, disparadas desde el comienzo de la crisis. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de 2015 en Castilla y León se han realizado 345 ejecuciones sobre viviendas de personas físicas. Esos pisos que pasan a manos de los bancos se convierten automáticamente, en muchos casos, en morosos para las comunidades a las que pertenecen hasta que la entidad financiera logra venderlos. En 2014, en la región, se registraron 1.574 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas familiares, de las que 490 fueron en Valladolid.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios