Urbanismo intenta dar salida al suelo del Zambrana al recalificarlo para más de 600 pisos

Es la segunda vía en el denominado caso Zambrana, a la espera de que la Junta asuma o no alguna responsabilidad en este polémico asunto. El Ayuntamiento de Valladolid aprobará en el pleno del mes de abril la modificación del PGOU en este sector de suelo de su propiedad tras la sentencia que le obligó a expropiarlo a la familia Puentes por más de 20 millones de euros para recalificarlo y permitir la construcción de 636 viviendas. El Consejo de la Gerencia de Urbanismo dictaminará en su reunión del próximo lunes el cambio en el documento de planeamiento en estos terrenos de 5,3 hectáreas de superficie. El objetivo es claro: dotarlos de viabilidad económica para darles salida y compensar así el pago a los herederos, que recuperaron, tras abonar a la Junta de Castilla y León 4,5 millones de euros, este sobrante de la finca que Franco expropió a su abuelo para construir el reformatorio. Según los datos facilitados por el Consistorio, el nuevo planeamiento prevé una edificabilidad de 92.426 metros cuadrados, de los que 73.940 serán de uso residencial. Así, de las 636 viviendas previstas, el 70% se destinarán al mercado libre y el 30% restante tendrán un régimen de protección. Además, habrá más de nueve mil metros para uso terciario y otros tantos para comercio.

El Ayuntamiento busca tener preparada esta parcela para su posible venta en un futuro, a pesar de que los últimos intentos para colocar suelo municipal en el mercado no hayan tenido éxito. El caso más reciente ha sido el de la subasta de las parcelas del antiguo Servicio de Limpieza Municipal, en la calle Las Eras, que quedó desierta.

A este cambio en el planeamiento, que la familia Puentes intentó negociar con el Ayuntamiento sin llegar a un acuerdo, lo que desembocó en el proceso judicial, se suma un recurso, aprobado por unanimidad en el pleno municipal, para que la Junta asuma sus responsabilidades en este caso, ya que el Consistorio considera que el Ejecutivo regional, que autorizó la devolución de los terrenos a los herederos de Juan Puentes, actuó «de espaldas» al Administración Local. En el escrito presentado, el Ayuntamiento subrayaba que la familia Puentes podrá, «como poco», casi multiplicar por cuatro el precio del suelo cuando esta comunidad de herederos pagó a la Junta 4,5 millones, «logrando así una gran plusvalía a costa de la colectividad a la que representa el Ayuntamiento sin ninguna aportación urbanística o social que lo justifique». La Junta está estudiando aún este recurso.