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El juez lleva al banquillo a 76 imputados vallisoletanos por un fraude masivo

El presunto cabecilla, un asesor legal de empresas, está acusado de crear 16 sociedades falsas con decenas de trabajadores ficticios que después cobraban el paro o adquirían bienes de lujo para engañar a la Seguridad Social y a comercios

J. Sanz

Miércoles, 4 de marzo 2015, 08:24

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valladolid. Más de dos años de investigaciones surgidas a raíz de una denuncia por una estafa menor, como fue el impago de una compra a la financiera de una gran superficie, acaban de concluir con un auto de imputación dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 que pretende sentar en el banquillo a la friolera de 76 sospechosos por su presunta pertenencia a una trama de fraude masivo a la Seguridad Social y a nueve entidades financiera. El supuesto cabecilla, un asesor legal de empresas, está acusado de crear hasta dieciséis sociedades ficticias con decenas de trabajadores, también ficticios, que luego cobraban irregularmente el paro o adquirían bienes de lujo, que después revendían, consiguiendo la financiación a través de un sinfín de documentación falsa.

La trama, desenmarañada en su día por los agentes de la Policía Nacional, destaca más por su complejidad y por el volumen de implicados inicialmente se identificó a 170 sospechosos y se realizaron 21 detenciones que por la cuantía de la estafa en sí, que asciende a 372.403,36 euros. Si bien es cierto que esa cuantía pudo ser mucho mayor, ya que la red fue desarticulada cuando se encontraba en pleno apogeo entre los meses de abril y octubre de 2013.

Un jefe y solo dos empleadas

El auto dictado el 18 de febrero y comunicado ayer a las partes puso fin a la fase de investigación judicial con la imputación definitiva de 76 personas el resto fueron exoneradas o no se hallaron pruebas contra ellos por los delitos de falsedad documental , estafa y fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. En la cúspide de la red se encuentra el citado asesor,Miguel Ángel M. D., de 51 años y titular de un pequeño despacho que entonces tenía su sede en el Pasaje Gutiérrez y que supuestamente dio cobertura legal a todas las operaciones pese a contar con tan solo dos trabajadoras reales, su compañera sentimental, G. J. M. F., y una secretaria, M. C. M. F., también imputadas en la causa, según recoge el auto de imputación, contra el que cabe aún recurso por parte de las acusaciones y defensas.

De este pequeño núcleo, en el que supuestamente se preparaban los documentos falsos y las operaciones, surgieron hasta dieciséis sociedades ficticias de todo tipo que «no llegaban a tener actividad». Entre ellas se encontraban algunas con fines tan variopintos como el sector aeroespacial, la gastronomía, la ganadería o los negocios africanos.

En un segundo escalafón de la trama se situaban otros nueve imputados, entre los que se encontraban un hombre de confianza, cinco reclutadores de los futuros trabajadores ficticios o de los compradores y otros tres supervisores encargados de verificar que los reclutados cumplían con su papel a la hora de tramitar papeles o adquirir los bienes.

SIn capacidad física en la sala

El tercer escalón de la red lo conformaban el grueso de los imputados (64 personas), que eran reclutados fundamentalmente en los mercadillos de la capital o en barriadas como Las Viudas. La mayoría eran desempleados, expresidiarios y toxicómanos o personas que, en cualquier caso, atravesaban serias dificultades económicas. A ellos les prometían pequeñas comisiones a cambio de obtener beneficios para la red.

Estos últimos imputados se dividían en dos grupos. Unos eran dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores e, incluso, como administradores de las citadas sociedades ficticias siempre con sus datos reales y después eran despedidos o disueltas las empresas directamente en cuanto alcanzaban «los días estipulados legalmente para poder cobrar el desempleo». Por esta ramificación están imputadas en la causa 30 personas.

Desde Mercedes a muebles y créditos de doscientos euros

  • Los bienes que adquirían los implicados en la trama presentando nóminas falsas para adquirir financiación eran tan variados como comercios hay en la capital. En el listado figuran desde Mercedes o BMW valorados en más de 30.000 euros hasta compras de muebles en prácticamente todas las grandes superficies de la ciudad y de su alfoz e, in-cluso, teléfonos móviles y productos informáticos de Apple. Pero la red también consiguió créditos rápidos a través de mensajes de móvil por una cuantía de tan solo doscientos euros. Así sumaron un botín de 216.403,36 euros sin pagar a los estafados.

En cuanto al segundo grupo, en el que están implicados otros 34 sospechosos, sus integrantes recibían documentación falsa algunas nóminas, incluso, pertenecían a clientes reales de la asesoría ajenos a la estafa y otras eran de las sociedades ficticias con la que acudían a todo tipo de grandes superficies y concesionarios de vehículos para realizar las compras por encargo de los cabecillas. Los pagos los financiaban presentando nóminas y otros documentos de las sociedades. Así adquirían coches, móviles e, incluso, móviles que después eran vendidos de inmediato. Los estafados, por supuesto, nunca cobraban un euro y cuando reclamaban el dinero se encontraban con personas insolventes o, en su defecto, con sociedades que no existían.

Entre unos y otros consiguieron cobrar 155.000 euros en subdisidios de desempleo por parte de la Seguridad Social y sumaron un botín en género valorado en 216.403,36 euros. Y eso es lo que reclaman ahora ocho financieras de las distintas grandes superficies y la Tesorería General de la Seguridad Social.

El auto de imputación contra los 76 sospechosos dictado ahora por el Juzgado de Instrucción número 2, a la espera de los posibles recursos, abre la fase para que el fiscal, las acusaciones particulares incluida la Abogacía del Estado y las defensas presenten sus escritos de calificación y sus peticiones de condenas.

Después, aunque para eso pueden transcurrir meses, llegará el señalamiento y la celebración de un juicio multitudinario con pocos precedentes en la historia judicial reciente de la capital si es que llegan a sentarse en el banquillo los 76 imputados, además de reunir a más de una veintena de abogados entre las nueves acusaciones y las defensas. ¿Dónde se celebrará la vista? Pues de entrada no hay tribunal que pueda acoger a tanto personal y, además, dependerá de las penas que solicite el fiscal si el juicio acaba en un Juzgado de lo Penal o en la Audiencia Provincial. Para que sea esta última deberá considerarse a la red como una organización criminal.

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