Las complicaciones judiciales del caso Asaja dan una vuelta de tuerca más

Lino Rodríguez, el presidente de Asaja Valladolid, ha decidido pasar al contraataque en los juzgados contra quienes le acusan, entre otros delitos, de malversación de fondos públicos utilizando su cargo en la organización agraria, una intrincada trama societaria que se está investigando desde hace meses en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid y que cada vez tiene más aristas. Ahora, el presidente de una de las sociedades filiales, la cooperativa Campo Abierto, ha presentado en los juzgados vallisoletanos una querella criminal contra el exgerente, Fernando Redondo; el extesorero, Alberto Cano; y un exsocio de Asaja, Francisco Javier Ortega, a quienes acusa de haber simulado su firma en varios documentos para conseguir una subvención de la Junta de Castilla y León dirigida a adquirir una sembradora que, según se asegura en la querella, le habría salido «gratis» a ese agricultor. Según consta en la querella, que fue presentada en los juzgados el pasado martes, Campo Abierto planteó el 25 de mayo del pasado año una reclamación contra Ortega para que devolviera dicha sembradora a la cooperativa. El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valladolid admitió la denuncia y llamó a declarar al demandado, quien manifestó ante la jueza que «si bien la máquina fue adquirida mediante una subvención por la sociedad cooperativa, ello fue una simulación para obtener la ayuda pública, pero que quien adquirió realmente la máquina fue él».

Así, para que «le saliera gratis», Ortega solicitó a través de la cooperativa una subvención como si la compra de la máquina agrícola fuera para ella. En nombre de Campo Abierto se presentó ante la Junta de Castilla y León una factura proforma de Urbón Agrícola por importe de 40.600 euros (cuando la máquina costaba en realidad 15.647, como figura en las facturas aportadas), y como la subvención es el 40% de la factura proforma, la máquina no habría tenido coste para el agricultor, quien «para cobrar la subvención concedida a la cooperativa, elaboró una factura falsa por su importe contra la cooperativa», como si hubiera realizado servicios para ella. Ante esta «sorprendente declaración del demandado», como corroboró ayer el letrado de Campo Abierto, Jaime Díez-Astrain, Gerardo Rico comprobó ese expediente que está en los archivos de la cooperativo y detectó que «la operación fue elaborada de puño y letra por el que fue gerente, Fernando Redondo». Pero además, Rico sostiene que su firma se ha falsificado en los documentos y se han rellenado con cantidades talones de la cuenta bancaria que había firmado en blanco para cubrir necesidades de urgencia en su ausencia.

Medidas cautelares

También figuraría en el archivo una factura falsa de Ortega girada a la sociedad por importe de 9.800 euros, «por unos servicios que jamás existieron y que creemos que es laforma en que el querellado cobró la subvención de la cooperativa». La falsificación dirigida a solicitar la subvención «llegaría al extremo de elaborar un certificado de asamblea general, que nunca existió, por la que se autorizaba a Gerardo Rico a solicitar la subvención». El certificado lleva la firma del entonces secretario de la cooperativa y también querellado, Alberto Cano.

Rico ha solicitado al juzgado medidas cautelares contra los querellados «para evitar la destrucción, ocultación y manipulación de pruebas e impedir la reiteración delictiva. Además se pide que se de traslado de la querella, como parte perjudicada, a la Consejería de Agricultura.