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Reunión de la comisión de investigación del caso Zambrana el pasado mes de abril.
El TSJ confirma la condena que obliga al Ayuntamiento a pagar 21 millones por los suelos del Zambrana

El TSJ confirma la condena que obliga al Ayuntamiento a pagar 21 millones por los suelos del Zambrana

El Tribunal recuerda al Consistorio que no recurrió el justiprecio de la expropiación de suelo cuando debía

J. Asua

Martes, 18 de noviembre 2014, 20:21

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Varapalo de calado para las arcas municipales. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Valladolid a pagar al menos 21 millones de euros a la comunidad de herederos de J. Puentes, el antiguo propietario de los terrenos donde se ubica el centro de internamiento de menores Zambrana (Delicias) y que fueron expropiados en los años cuarenta para la construcción de este reformatorio. El alto tribunal desestima el recurso presentado por el Consistorio y le recuerda, básicamente, que en su momento no recurrió las resoluciones que fijaron el justiprecio y que se ajustan plenamente a la legalidad y están avaladas por la jurisprudencia.

El nudo de este pleito arranca en 2007 cuando la Junta de Castilla y León aceptó la reversión a la familia de los terrenos que no habían sido ocupados por el centro de menores, en total 5,3 hectáreas. Cuando los herederos recuperaron la propiedad del suelo tras abonar cerca de nueve millones al Ejecutivo regional intentaron que el Ayuntamiento lo recalificase, ya que su consideración como terreno dotacional público impedía sacarle rendimiento con la construcción de viviendas. La falta de respuesta municipal tras múltiples gestiones entre ambas partes derivó en que la familia iniciara un expediente de expropiación por ministerio de ley, que concluyó en firme. El Ayuntamiento desestimó el pago, la familia presentó un recurso en los tribunales y ganó en primera instancia.

Ojo porque la cifra de 21 millones (intereses incluidos) puede quedarse corta. Los herederos han presentado un recurso, también ante el TSJ, contra el justiprecio fijado, que ellos elevan hasta los 96 millones de euros. De momento la resolución del Alto Tribunal volverá al Juzgado de Contencioso número 4 para que su titular ejecute la sentencia y fije un calendario de pagos.

Este caso llevó al alcalde a crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento la primera de su larga carrera política como regidor para investigar si hubo una posible negligencia en la tramitación de este expediente. El órgano, que presidió el socialista Óscar Puente y por el que pasaron técnicos municipales, concejales, el propio León de la Riva y la familia, concluyó sus pesquisas sin acuerdo. Mientras que para el PSOE e Izquierda Unida la responsabilidad política era clara por el «caos e ineficacia» en el Área de Urbanismo, el PP consideró que este pleito «no se desatendió en ningún momento», con lo que no se podían «anudar responsabilidades políticas». Los populares llegaron a tachar a la familia Puentes de especuladores y de querer dar un «pelotazo urbanístico». Los tribunales no entran en esas valoraciones. Solo confirman que hay que pagar.

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