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León de la Riva atiende a la prensa tras conocerse la decisión de la Audiencia
El PP recibe con alivio la exoneración del alcalde en la manipulación del PGOU

El PP recibe con alivio la exoneración del alcalde en la manipulación del PGOU

La Audiencia confirma la imputación de diez personas y ordena nuevas declaraciones

J. Asua

Viernes, 31 de octubre 2014, 09:36

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Inyección de oxígeno político para el alcalde de Valladolid. Alivio sin declaraciones públicas en el PP provincial en un momento donde la corrupción colapsa el debate en España. Francisco Javier León de la Riva ha salido indemne en el caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de la capital. La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial dio a conocer ayer el auto en el desestima la imputación del primer edil en la presunta trama urdida entre la anterior cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento, dirigida por José Antonio García de Coca, y varios responsables de constructoras y propietarios de suelo para modificar el planeamiento, con el objetivo de lograr beneficios en determinados suelos de la ciudad a través del aumento en la edificabilidad, facilidades para la desprotección de edificios o cambios de uso que no estaban contenidos en el documento original. El ejemplo más llamativo, la alteración en un plano para construir 124 viviendas en un suelo de la avenida de Madrid donde solo había autorización para nueve chalés.

El órgano formado por los magistrados Feliciano Trebolle, Fernando Pizarro y Miguel Ángel de la Torre no aprecia «indicios suficientes de responsabilidad delictiva» en las actuaciones del regidor ni de su fiel concejal Manuel Sánchez en este espinoso asunto, que, de no haberse resuelto de esta manera, habría supuesto un abrupto final a la larga carrera del veterano político. Fiscalía y acusación popular habían solicitado su inclusión al considerar que ambos, por acción u omisión, participaron en los hechos. La Audiencia no lo cree así. Su decisión es ya inapelable.

Sobre León de la Riva, el auto subraya que «no es bastante su condición de alcalde y su actuación como tal en los diversos órganos del Ayuntamiento para inferir su participación voluntaria en los presuntos delitos investigados». De Manuel Sánchez, aclara que accedió al cargo en 2007, «con lo que se encontró con las manipulaciones ya realizadas y los expedientes urbanísticos sobre las fincas investigadas avanzados».

El tribunal también exime de cualquier responsabilidad al secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, al exresponsable de la Asesoría Jurídica municipal José Luis Barca (ya jubilado) y al letrado del Consistorio Luis Ángel Lavín.

A estos tres funcionarios se les acusaba de poder haber participado en el encubrimiento a posteriori de las alteraciones. A Merino se le imputaba un presunto delito de prevaricación al haber recomendado al alcalde, en el pleno celebrado el 15 de diciembre de 2003, que únicamente se diera cuenta en aquella sesión del texto refundido del PGOU, que luego se demostró manipulado, y no someterlo a aprobación, puesto que era la Consejería de Fomento la única competente para dar el visto bueno. El auto de la Audiencia recoge que la fórmula elegida no vulnera el ordenamiento jurídico, además de recordar que «no se privó» a ningún miembro de la corporación de consultar la documentación del PGOU antes de ese pleno.

Respecto a los letrados municipales, la Sala argumenta que haber utilizado la fórmula de la corrección de errores para subsanar las manipulaciones en vez de la revisión del documento «no encubre las alteraciones ni las consecuencias penales de las mismas». No se hizo como se debía, pero no hay indicios de criminalidad en su conducta.

La resolución de la Audiencia deja claro, eso sí, que los cambios operados en el Plan General fueron «manipulaciones deliberadas» con el objetivo «de favorecer a determinadas personas y empresas» En este punto, sitúa al exconcejal José Antonio García de Coca y a sus más directos colaboradores el arquitecto Luis Álvarez Aller , el exdirector del área de Urbanismo Modesto Mezquita y José Luis Cerezo Baza como el núcleo en sede municipal de esta presunta trama de corrupción urbanística. Así, mantiene las imputaciones, a pesar de que los cuatro las habían recurrido.

Los magistrados tampoco han atendido los recursos de los directivos de las constructoras presuntamente beneficiadas por las alteraciones en el documento. Así, Antonio Pastrana y José Luis Astorga, de la mercantil Parkosa;José Luis y Eduardo Javier González Torres, como representantes legales de Vallenava Capitol, Vallenava Inversiones, Progot Valladolid S.L. y Capitol Promociones XXI SL.; así como el expresidente del Club Baloncesto Valladolid José Luis Mayordomo Martínez, de Vallenava Capitol y Vallenava Inversiones, se sentarán en el banquillo de los acusados. Les acompañará un nuevo imputado, Ramón Herrero Merino, administrador de la empresa Área Especial S. L., quien, según la Sala, también pudo participar en la alteración del plano de la avenida de Madrid para permitir 124 viviendas donde, según las prescripciones, únicamente cabían nueve. Falsedad, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y tráfico de influencias son los delitos que habrían podido cometer los imputados.

La Audiencia ordena en su auto tomar declaración como imputados a Gonzalo Jolín por la venta de los terrenos de avenida de Madrid. También tendrán que pasar por el Juzgado de Instrucción número 1 Pilar Asunción Mazariegos y Francisco Capellán, vendedora y comprador, respectivamente, de la fábrica de harinasLa Perla ahora hotel Marqués de la Ensenada cuyo cambio de uso se realizó en un principio a través de la manipulación del PGOU, así como a Lino Collazos, secretario de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, una entidad que habría obtenido un beneficio de 714.609 euros por cesiones no realizadas al Ayuntamiento en los suelos de Cáritas donde Parkosa excavó un aparcamiento.

El alcalde de Valladolid no ocultó ayer su satisfacción por la decisión de la Audiencia. «Algunos se han llevado una bofetada importante a título individual o colectivo», recalcó el primer edil, quien se dirigió en concreto al socialista Óscar Puente. «El tiempo quita y da razones a aquellos a quienes se les ha llenado la boca insultándome y diciendo que soy un asiduo a los banquillos; poco menos que un delincuente», afirmó. León de la Riva insistió en que «siempre» ha mostrado su confianza en la Justicia, por lo que estaba «convencido» de que la resolución iba a ser absolutoria, informa Europa Press. El alcalde, quien reclamó que se respete la presunción de inocencia para los imputados en este proceso hasta que haya una sentencia firme, volvió a mostrar su disposición para ser el candidato a la Alcaldía por el PP en mayo de 2015, aunque acotó que esa decisión «está en manos del partido».

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