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Adosados de protección oficial de la cooperativa Covical 2000 en la calle Aconcagua (Pinar de Jalón), cuyos 38 residentes tendrán que pagar una media de 14.114 euros.
Las deudas de una cooperativa de VPO obligan a 92 socios a pagar 1,8 millones

Las deudas de una cooperativa de VPO obligan a 92 socios a pagar 1,8 millones

Los afectados, que ocuparon las casas en 2010, reciben un auto judicial para que los abonen en diez días

J. Sanz

Jueves, 24 de julio 2014, 12:35

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«El martes me llegó una carta del juzgado sin certificar ni nada para que acudiera a recoger un auto y al leerlo resulta que me reclaman el pago de una deuda de 15.000 euros de la que no sabía nada y me dan diez días para abonarla», resume uno de los 92 cooperativistas de cuatro promociones de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la capital. Todos ellos están recibiendo estos días las pertinentes notificaciones judiciales para advertirles de que deben hacer frente en los citados diez días al pago de la friolera de 1,8 millones de euros. El dinero procede de una deuda de la cooperativa a la que pertenecían (Covical) con la gestora de la misma.

El problema radica en que los cooperativistas eran ajenos a la reclamación de la gestora (Dival 04), que colea desde hace tres años, pero que ha acabado repercutiendo ahora en los propietarios de las 92 viviendas escrituradas y entregadas en 2010. «Solo sabemos que el auto no es recurrible, pero desconocemos el motivo de la deuda», lamenta otra de las víctimas, quienes celebraron una primera reunión el martes por la tarde y que hoy mismo acudirán a un abogado para valorar la resolución.

Los 92 afectados deben pagar una media de 20.353 euros, con cantidades variables en función de la promoción los peor parados adeudan hasta 55.000 euros, cuatro años después de ocupar unas viviendas de protección por las que abonaron en su día entre 70.000 y 130.000 euros.

El auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 12, y que la mayoría de los afectados aún no han recibido el fallo es común, no obstante, para los 92, recoge que la gestora que llevó a cabo la construcción de las viviendas (Dival 04) viene reclamando la citada cantidad a la cooperativa Covical y que, «ante la insuficiencia de bienes que afecta a la deudora, procede requerir a los socios cooperativistas para que respondan de las deudas sociales en virtud del principio de responsabilidad subsidiaria», es decir, que cada uno de los propietarios debe asumir el pago proporcional de la deuda de Covical.

Concurso culpable

La entidad reclamante, Dival 04, lo hace a través de su administrador concursal, ya que la propia gestora se encuentra en situación de concurso de acreedores, una situación por la que sus propios gestores fueron condenados en su día por el mismo juzgado de Primera Instancia el fallo lo ratificó la Audiencia Provincial en 2013 por promover un concurso culpable al cometer una «irregularidad contable relevante» para acreditar su situación. Esta obedeció al hecho de simular «una situación patrimonial ficticia» al contabilizar un crédito de 1,6 millones de euros frente a Covical la cooperativa a la que ahora viene a reclamar una cantidad similar con los intereses y costas del proceso «generando así la falsa apariencia de saldo positivo en sus cuentas», según recoge el fallo dictado por la Sección Tercera de lo Civil de la Audiencia Provincial el 5 de noviembre de 2013.

Pero aquello, en principio, es historia y los administradores de la gestora cargan ahora contra los cooperativistas de Covical para intentar cobrar, en total, 2,1 millones de euros de las cuatro promociones vallisoletanas (dos en Campo de Tiro, una en Las Villas y otra en Pinar de Jalón) y una quinta de Zamora (Espíritu Santo) a razón de 1,6 millones por la deuda y otro medio millón por los intereses, gastos y costas.

La deuda en sí obedece a una deuda contraída en su día por la cooperativa por el sobrecoste de las obras de construcción de las cinco promociones. «La cooperativa son todos y cada socio asume una responsabilidad subsidiaria, que tiene sus límites, pero que les obligaría a afrontar esta deuda al haberse beneficiado del objeto de la cooperativa (la vivienda)», según confirmaron ayer fuentes judiciales antes de concretar que «la administración concursal de la gestora ha repercutido ahora una parte proporcional de la deuda a cada uno de los cooperativistas (92 de Valladolid y 16 de Zamora)».

Una esperanza legal

El auto, además, no es recurrible pese a tratarse un proceso que desconocían hasta ahora los afectados. ¿Tienen que pagar sí o sí? La respuesta, en principio, es no. Las fuentes consultadas recuerdan que los cooperativistas pueden «oponerse así se llama la figura legal a este requerimiento de pago alegando los motivos de fondo o formales que estimen oportunos en un plazo de diez días desde la notificación del mismo». Para ello pueden hacerlo de manera conjunta o individual y esperar las resoluciones del juzgado.

La intención inicial de los afectados que han recogido ya el auto apenas una veintena pasa por oponerse al pago y hacerlo de manera conjunta. Para ello cinco representantes acudirán hoy a un abogado para que estudie la fórmula más beneficiosa para ellos. «Nosotros pagamos lo que nos pidieron y ahora no pueden duplicarnos casi el precio sin previo aviso», anticipan.

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