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IIzquierdo y Saravia en rueda de prensa.
IU y PSOE piden la compensacióncon viviendas construidas para cumplir la sentencia de Piensos CIA

IU y PSOE piden la compensacióncon viviendas construidas para cumplir la sentencia de Piensos CIA

Advierten de que la concejala Cristina Vidal «o mintió» o cometió la ilegalidad de emitir una propuesta «sin respaldo técnico ni jurídico»

el norte

Martes, 22 de julio 2014, 12:39

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Los portavoces de Izquierda Unida y el PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, Manuel Saravia y Javier Izquierdo, respectivamente, han asegurado este martes que reclamarán al equipo de Gobierno que modifique el acuerdo alcanzado con las partes implicadas en el proceso de ejecución de las sentencias que ilegalizan el edificio construido en el solar de Piensos CIA para que la compensación se lleve a cabo con viviendas construidas y no con traslado de derechos de edificabilidad, como se pactó el pasado mes de mayo.

Saravia e Izquierdo han ofrecido una rueda de prensa después de que este lunes la Asociación Ciudad Sostenible de Valladolid (ACCS) diera a conocer el contenido íntegro del acuerdo firmado entre las partes -las constructoras Edificasa 2000, San José y Metrovacesa y el exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Angel Velasco- que refleja la obligación de las empresas a trasladar los derechos de edificabilidad de 60 viviendas en una parcela de la zona de Santa Victoria al Ayuntamiento, así como derechos para 107 plazas de aparcamiento en viario y 260 en el subsuelo.

Los concejales de la oposición han calificado de «difícil de admitir» el acuerdo, ya que «no se justifica en ningún momento que con la propuesta planteada se llegue al restablecimiento de la legalidad» y consideran que es «distante de los mínimos que el interés público y, sobre todo, la legalidad reclaman». Por ello, en primer lugar, han apuntado que consideran que la compensación a la que se comprometan las constructoras debería realizarse con viviendas construidas.

«A la vista del acuerdo, debemos manifestar también nuestra discrepancia con el resultado propuesto nuestro rechazo a un acuerdo», ha señalado Saravia, que ha adelantado que los grupos políticos de la oposición analizarán en detalle los números presentados para compensar las 263 viviendas de más que pudieron sacar al mercado las constructoras gracias a las modificaciones del PGOU que incrementaron la edificabilidad de la parcela de Piensos CIA de 8.000 a «casi 30.000» metros cuadrados y que fueron ilegalizados por las sentencias del TSJCyL.

En todo caso, han recalcado ya que «ofrecer suelo para una edificabilidad de 60 viviendas, 107 plazas de aparcamiento en viario y 260 en un aparcamiento subterráneo en régimen de concesión resulta muy alejado de las hipótesis menos exigentes para la restitución de la legalidad».

Para la restitución de la legalidad, creen que la alternativa más oportuna sería, en su opinión, la de constituir con los dos ámbitos (al menos) un sector de suelo urbano no consolidado que, incluyendo lo edificado, cumpla las normas que legalmente correspondan y, en cuanto a la compensación, el Consistorio debería recibir un número indeterminado de viviendas reales en distintos puntos de la ciudad. «Vista la demanda en los servicios sociales, el Ayuntamiento no necesita edificabilidad, sino viviendas reales libres de cargas», ha reflexionado Javier Izquierdo.

Para determinar los derechos y obligaciones de cada parte, apuntan que se debería analizar el convenio urbanístico de 2002 y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada en 2003; el planeamiento anterior, las exigencias de la actual legislación; las fechas, precios de suelo y vivienda (libre y protegida) de cada zona y en cada momento; las cesiones que se deberían hacer y de las cargas de urbanización correspondientes; la determinación concreta y precisa, en suma, de los derechos y obligaciones vigentes. Y tras el análisis de todo ello, elaborar una propuesta de ejecución.

El papel de Vidal

Otros aspectos «difíciles de asumir» para Saravia e Izquierdo es que en el acuerdo no participe la Consejería de Fomento; y que consideran poco clara la legitimación de la concejal de Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, para actuar en representación del Ayuntamiento. Asimismo, el edil de IU ha recordado que en una comisión municipal, Vidal aseguró que no se habían realizado informes técnicos o jurídicos para determinar el número de viviendas lo que según ha advertido podría ser ilegal.

En estos momentos, la situación se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pronuncie para aceptar o denegar el acuerdo propuesto por las partes dentro de un proceso en el que recientemente se ha personado la ACCS. No obstante, los grupos de PSOE e Izquierda Unida han apuntado que en el próximo Pleno municipal -previsto para la semana que viene-- presentarán una moción con las premisas básicas para que el acuerdo satisfaga el interés general.

Javier Izquierdo ha añadido varios matices en sus declaraciones, como el recuerdo de que el caso del edificio de Piensos CIA, que era propiedad de la azucarera Ebro, fue «el más flagrante pelotazo urbanístico en la ciudad» y fue permitido por el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, ya que «votó a los dos lados de la mesa» como consejero de Caja Duero -que tenía participaciones en Ebro- y también en el acuerdo del Pleno para aprobar la modificación del PGOU que incrementó la ilegalidad y en cuya votación, según el edil del PSOE, se debería haber abstenido por implicación en el proyecto.

Del mismo modo, ha reconocido que su compañero de partido Ángel Velasco, que en su momento presentó la demanda contra el proyecto urbanístico y que recientemente ha aceptado el acuerdo, no informó al actual Grupo Municipal Socialista «hasta los últimos coletazos», cuando explicó que tenía intención de llegar a ese pacto. Posteriormente en otras dos conversaciones, ha relatado, Velasco le explicó el contenido del acuerdo y que ya se había firmado, ante lo que Izquierdo asegura que le trasladó que parecía «insuficiente».

En todo caso, el actual portavoz socialista ha considerado que Velasco debería explicar las motivaciones para aceptar el acuerdo propuesto por el Consistorio y ha recordado que «no representa a nadie». «Lo que me preocupa es resolver esto de acuerdo con el interés público», ha subrayado.

Parque de las Norias

También ha puntualizado el edil socialista que la cesión de dentro de aquel proyecto, el Ayuntamiento «vendió como un regalo» que las constructoras se encargaran de la recuperación del espacio de la azucarera Santa Victoria, donde se creó el actual parque de Las Norias, pese a que considera que era «una obligación» de las empresas. Además, ha ironizado con que «también regalaron la responsabilidad en el mantenimiento» de los edificios antiguos y «de ahí su actual estado de conservación».

En definitiva, y tras recordar que en ningún caso se propondrá ninguna demolición de lo construido, los concejales de la oposición han reiterado su rechazo a «la forma de actuar del equipo de gobierno en este asunto», que, a su juicio, además de haber negado el acceso al documento del acuerdo, «tampoco parece distinguir claramente los intereses públicos de los de las grandes promotoras».

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