El TSJ anula la supresión del puesto de trabajo de un técnico medioambiental del Ayuntamiento

  • Cree que no hay causa justificada para la amortización

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCYL (Sala de Valladolid) ha decidido estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por un técnico en Políticas Medioambientales y anuló el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid (con fecha 23 de marzo de 2012) por el cual se modificó la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento acordándose suprimir el puesto de trabajo de este técnico dentro del Área de Desarrollo Sostenible y Coordinación Territorial y de su Secretaría Ejecutiva, e incluir en su lugar a un técnico superior de Medicina y Salud Pública adscrito al Servicio de Salud y Consumo dentro del Área de desarrollo Sostenible y Coordinación.

Según apunta los magistrados, «la supresión queda vinculada a la creación de un nuevo puesto y la única ventaja que trae es puramente económica», por lo cual han decidido anularla, ya que a juicio del tribunal «no es razón bastante para la desaparición del puesto de técnico en Políticas Medioambientales porque este puesto y el de técnico superior en Salud Pública pertenecen a servicios diferentes dentro de una misma área municipal, porque su contenido funcional no es el mismo sin que este último absorba las tareas en todo parte de la anterior y porque resulta del todo desconocido el puesto al cual serán asignadas las funciones que estaban desempeñadas por el amortizado».

Además, apuntan que en ninguna parte del expediente administrativo figura que el puesto a suprimir quedase vacío de contenido por circunstancias sobrevenidas a su creación, y aseguran que «es significativo» que la directora de área y en sus informes o escritos no haga mención alguna sobre este particular. «Si subsisten las funciones en su momento atribuidas al puesto de técnico en Políticas Medioambientales y nada hay que indique o sugiera a que puesto ya existente les serán asignadas, dentro o fuera de la Secretaría Ejecutiva, no existe una verdadera causa justificativa de la amortización», concluyen.

En la sentencia, afirman que el ahorro en costes de personal es un factor a tener en cuenta a los fines expresados pero no es determinante debido a que lo que debe prevalecer son razones organizativas y funcionales.