194.280 para reformar cuatro viviendas en la provincia

El consejero con los alcaldes firmantes.
El consejero con los alcaldes firmantes. / M. G. M.

El consejero de Fomento firma en Villalón el convenio del programa Rehabitare

Miguel García Marbán
MIGUEL GARCÍA MARBÁNVillalón

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, firmó ayer en Villalón de Campos el convenio 2017 del programa Rehabitare en la provincia de Valladolid con los alcaldes de Alcazarén, Pedrosa del Rey, Trigueros del Valle y Valdestillas, por el que cuatro viviendas, propiedad de los ayuntamientos y que se encuentran en desuso, serán rehabilitadas con el fin de ofrecerlas en régimen de alquiler social a personas con dificultades de acceso a la vivienda por razones económicas.

Estas cuatro viviendas se sumarán a las cinco que ya se rehabilitaron en la provincia de Valladolid el año pasado, en Matapozuelos, Valbuena de Duero, Alaejos, Villalón de Campos y Campaspero, para lo cual se invirtieron 240.888 euros. En total, sumando 2016 y 2017 (194.280), la Consejería ha destinado 435.168 euros a este programa en la provincia, desde su inicio en 2016.

El consejero aprovechó su visita a Villalón de Campos para conocer la vivienda rehabilitada con este programas en el barrio de la Pedrera, cuyas obras han supuesto una inversión de 39.688 euros, para cambiar las carpinterías, renovar las instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, mejorar el aislamiento de las fachadas, subsanar humedades en la cubierta, así como obras interiores de cambio de solados, reposición de cerámicas y pintado. 

Suárez-Quiñones no dudó en defender la continuidad del programa Rehabitare por su cuádruple efecto al explicar que soluciona problemas de acceso a la vivienda de las personas y familias más necesitadas; contribuye a la dinamización económica del medio rural, dado que las obras recaen en empresas de la zona y proporcionan empleo local; embellece el patrimonio inmobiliario de los pueblos e incide, de forma relevante, en la fijación de población en el medio rural, «al que hay que dar actividad económica, servicios y confortabilidad».

El alcalde villalonés, José Ángel Alonso, agradeció al consejero la gran cantidad de inversiones que se están haciendo en su pueblo en los últimos meses por parte de la Junta de Castilla y León. Por su parte, Suárez-Quiñones trasladó a Alonso su deseo de seguir trabajando junto al Ayuntamiento «para que los servicios e instalaciones de Villalón sigan mejorando a un buen ritmo, al mismo tiempo de se tomen iniciativas para tratar de conseguir un desarrollo económico importante de la localidad»

Alonso explicó que la vivienda social de Villalón forma parte de un plan del actual equipo de gobierno para la rehabilitación del barrio la Pedrera, en el que el Consistorio está llevando a cabo una batería de medidas que van desde la recuperación de sus zonas verdes, instalando aspersores o nuevos columpios, a la creación del gimnasio municipal en otro edificio que estaba en desuso para dar más vida a dicho barrio. Por su parte la alcaldesa de Alcazarén, Ana Isabel Catalina, manifestó la importancia de este servicio social, «con el que podemos ayudas a gente desempleada y sin recursos económicos».

Una vez rehabilitadas, las viviendas se incorporan al parque público de vivienda de Castilla y León para ofrecerlas en régimen de alquiler social. Son los ayuntamientos los que determinan el precio del alquiler, que no puede exceder de la tercera parte de los ingresos de la unidad familiar, así como las personas que ocuparán las viviendas en función de las necesidades de cada municipio, teniendo preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León. 

La Junta de Castilla y León dispone de más de 1.700 viviendas de distintas procedencias: las propias reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por el Sareb; las incorporadas a un nuevo programa de casas parroquiales, las incluidas en este Programa Rehabitare y las viviendas de protección pública propiedad de la empresa pública Somacyl.

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