Podría parecer que el espíritu navideño llamó ayer a las puertas del Palacio de Pimentel a tenor del respaldo que el equipo de Gobierno del PP brindó a todas las proposiciones presentadas por la oposición (PSOE e IU). Solo que el amplio consenso evidenciado en el Pleno celebrado ayer, el que cierra el primer año del mandato de Jesús Julio Carnero como presidente de la Diputación, se ha estilado también fuera de la Navidad, en las cinco sesiones anteriores, donde se han aprobado 18 de las 21 proposiciones presentadas por los grupos (6 conjuntas, 2 el PP, 9 el PSOE y 4 IU). Con estos datos sobre la mesa, no es de extrañar que el presidente, Jesús Julio Carnero, haga un balance positivo de seis meses en los que ha primado «el espíritu de diálogo y consenso en beneficio de la provincia y los pueblos y en una época actual de crisis económica». Así que ayer, en vísperas de Año Nuevo, al equipo de Gobierno no le tembló la voz para decir alto y claro un 'Sí' en cada una de las cuatro proposiciones y una moción presentadas.
La unanimidad, por tanto, fue la tónica general. Comenzó con la proposición del PSOE de instar a la Junta a que aporte la financiación prevista en la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León y proceda a suplementar económicamente el Acuerdo Marco para 2011 en esta materia. La diputada Marta Olmedo se encargó de denunciar la «desventaja de Valladolid» al estar 7,5 puntos por debajo del coste medio de los servicios sociales por habitante y año (32,36 según el CES). «Está provocando que deje de recibir 15 millones de euros», señaló. El PP respaldó la petición para la Administración que gestiona su mismo partido, pero con matices. Considera que el acuerdo marco se está cumpliendo pero quiere más. «Hay que pensar en el futuro y hay que decirle que tenga en cuenta el coste de los servicios en el medio rural debido a la dispersión de los usuarios», argumentó el diputado de Acción Social, Artemio Domínguez.
Con la segunda de las proposiciones del PSOE al Pleno, a su portavoz, Juan José Zancada, le dio la sensación de que el espíritu navideño tocaba a la puerta del PP. Esta vez la reivindicación también iba dirigida a la Junta: «que adopte las decisiones presupuestarias que sean necesarias para evitar que los Ayuntamientos beneficiarios del Plan Especial de Empleo tengan que adelantar las cantidades que le corresponde financiar al Ecyl». De esta forma, según recordó Zancada, se evitaría «un problema de tesorería» en unas arcas municipales ya de por sí mermadas de ingresos y que tienen ahora además que adelantar el dinero para pagar las nóminas de los trabajadores beneficiarios.
Compromiso con los pueblos
La respuesta del equipo de Gobierno, en boca del diputado de Agricultura, Máximo Gómez -alcalde de Carpio, uno de los municipios del Plan de Empleo-, fue contundente. «Por compromiso con los pueblos aprobaremos esta proposición». Así que su respuesta fue positiva, tras ensalzar no obstante el esfuerzo que la Junta ha realizado siempre en políticas de empleo.
Llegó el turno de Izquierda Unida. Su diputado, Salvador Arpa, defendió en su única proposición que el Gobierno de Mariano Rajoy convierta en Ley la prohibición de dejar sin suministro eléctrico a los ayuntamientos y colegios ante los apuros económicos que atraviesan algunos municipios. Al equipo de Gobierno de la Diputación le pareció bien la medida y respaldó la decisión de hacer esta petición al nuevo Gobierno de la Nación. Y fue aquí, en este punto, donde surgió una de las pocas menciones de la mañana a la política en el ámbito nacional. Se encargó de hacerla el vicepresidente de la institución, Alfonso Centeno, quien se preguntó cómo había sido posible que «alguien» durante siete años en lugar de ayudar en el alumbrado subiera la luz en cada consejo de Ministros. Así que confió que «entre todos juntos» salga adelante la Ley de Financiación Local. «Nos hubiera gustado haberlo arreglado si nos hubieran dejado algo en la caja, pero intentaremos que el PP vuelva a llenar la caja», dijo al respecto.
El punto más controvertido, aunque también respaldado de forma unánime, fue el de la moción presentada por el PSOE para instar a los ayuntamientos a que cumplan la ley y cambien las calles con nombres franquistas. Se antojó polémico porque en la parte expositiva de la moción, el PSOE recordó que aún hay en la provincia resistencia de algunos grupos municipales a aplicar estos cambios, en alusión a lo ocurrido recientemente en el Pleno de Medina del Campo, donde el PP «se ha opuesto al cambio». El portavoz del PP, Jesús García Galván, dio la réplica a Juan José Zancada para mostrarle primero su decisión de apoyar el texto «porque hay que cumplir la ley» y advertirle después de que este Pleno «no se puede utilizar para ir en contra de un grupo municipal en un Ayuntamiento». Al hilo de esta aprobación, IU anunció que propondrá hoy al Pleno vallisoletano una propuesta en el mismo sentido.
Sin acuerdo en el Polvorín
El Grupo Popular respaldó así las tres proposiciones la única moción de este último Pleno del año, pero se quedó solo a la hora de sacar adelante su única propuesta. Estrella Sanz, alcaldesa de La Parrilla y diputada por tanto próxima a los núcleos afectados, defendió la petición al Gobierno de Mariano Rajoy para que mantenga la operatividad del Polvorín de Sardón de Duero. En su intervención echó mano de las cifras de empleo, la seguridad de las instalaciones y la actividad económica que genera en la zona. Pero no fueron suficientes ni para convencer a Izquierda Unida, en contra de cualquier gasto en armamento y defensa, ni para hacerlo con el PSOE, quien defendió a través de Félix Velasco, alcalde de Villanubla (municipio que alberga una base aérea militar) que se recorte mejor en este tipo de gasto antes que en otros servicios básicos para la población. «Lo aconseja la coherencia y el sentido común», dijo.
