Ciertamente así es. Cada día se viene incrementando el número de personas que a título particular reclaman con insistencia que se impulse el reconocimiento de los maestros y profesores como autoridad pública para protegerles ante las crecientes agresiones y los problemas de indisciplina que se están dando en los últimos tiempos en muchos centros educativos. En la pasada fiesta del docente esta reclamación la hacían nuestros sindicatos por medio de un manifiesto, conscientes de que los profesionales de la enseñanza se encuentran bastante desprotegidos, desasistidos e indefensos. Y daban a conocer las situaciones de casos de acoso en las aulas palentinas. Algo que no se puede ocultar por mucho que se pretenda.
Este es uno de los problemas que hoy preocupan a la sociedad, la violencia cada vez más presente, especialmente en los lugares de estudio, entre los niños y adolescentes. Menores inocentes son acosados, o cuando menos rechazados, en los colegios, intimidados hasta el extremo de que descubren, como única salida, el abismo del suicidio. Todavía permanece en la memoria el caso Jokin, en Guipúzcoa, y algunos otros episodios que se vienen produciendo en diferentes rincones de la geografía del país. Episodios que pueden enrarecer poco a poco el ambiente estudiantil y desembocar, sin duda, en una cierta alarma social, aunque no tenga en estos momentos ninguna correspondencia con la situación real. Y quién no recuerda cuando en uno de los centros de la región se denunciaba un caso de acoso entre iguales, llamado bullying. Lo que llevó a la Conserjería de Educación de la Junta a poner en marcha un plan de actuación sobre la creación de una comisión de convivencia y unas actuaciones contra la violencia escolar.
Sin embargo, la escuela es un mero espejo de las tensiones de la sociedad. El alumno traslada a las aulas la agresividad y la violencia que percibe por desgracia en la propia familia. Las investigaciones ponen de relieve que el estilo de educación familiar permisiva viene caracterizado por la despreocupación, por el abandono del control de la conducta en los hijos que no tienen normas claras que les guíen y orienten sobre lo que deben realizar. Esta educación es altamente nociva, porque genera este tipo de comportamientos en los adolescentes. Muchos trastornos de conducta se deben a disturbios familiares contra los que el joven no es capaz de combatir. Sin olvidar, por supuesto, el papel significativo que juegan asimismo la televisión, los videojuegos y el cine en aquellos chavales que absorben tantas imágenes y contenidos violentos y zafios que ponen en peligro la adecuada educación de los menores.
Ante semejante panorámica, se me antoja pensar que habría que actuar en la dirección del análisis juicioso que indague y ponga remedio en el seno de la familia y de la escuela a las causas profundas y menos profundas que inducen a esos alumnos a extorsionar a sus compañeros. Y, por supuesto, en la línea de llevar a comprender a los maltratadores que la democracia exige respeto a la norma y que nadie se la puede saltar de forma gratuita. A la colectividad responsable de la escuela hay que concederle todo el protagonismo del mundo y hacerle ver que le acompaña la razón y el apoyo unánime de la sociedad y del profesorado con su silencioso trabajo, y que son ellos quienes deben acorralar a los que quieren impunemente sembrar la inquietud entre los compañeros más débiles, sometidos al miedo y a la persecución.
La libertad y la democracia no justifican cualquier actuación. Pero, para darle a estas sagradas palabras su justo sentido, es preciso ahondar en las causas y mover a la inmensa mayoría sana de los colegios y los institutos de la sociedad, contra la chulería y la coacción impune de un simple puñado de desalmados que no saben estar, ni convivir con los otros. Con frecuencia este mal comportamiento suele ser el arma defensiva que libra el joven de un fracaso abrumador que no logra mejorar. Le resulta difícil concentrarse en lo que dice el profesor cuando se halla agitado, cargado de furia, inseguridad y frustración.
