Las Cortes de Castilla y León aprobaron ayer una Proposición No de Ley que rechaza la Declaración de Impacto Ambiental que dio pie al Gobierno central a paralizar el proyecto de recrecimiento de la presa del Tejo. La propuesta partió del grupo del Partido Popular, que recogió las peticiones de los alcaldes de las zonas afectadas, y ha puesto de manifiesto las deficiencias de la declaración de impacto ambiental. A juicio del procurador del PP por Segovia, Daniel Sobrados, el documento no tiene en cuenta «ni la población estacional y ni la precipitación de metales que se produce durante el verano». Sobrados defendió el recrecimiento de la presa porque es la medida que menor impacto ambiental supone. «Las afirmaciones para la negativa no son serias ni sólidas. La declaración de impacto excluye a multitud de ciudadanos del derecho a tener garantizado el suministro de agua potable», subrayó durante el debate protagonizado con la procuradora socialista Ana Agudíez.
Según Daniel Sobrados, el rechazo al proyecto, por parte del Gobierno, supone el incumplimiento de un compromiso ministerial con Segovia, que se asumió como alternativa a la Presa de Bernardos. «Se está incumpliendo un acuerdo de reinversión en la zona de los más de 30 millones destinados a la paralizada presa de Bernardos, utilizando para ello una declaración de impacto ambiental negativa», señaló. Durante el debate, Sobrados reprochó al grupo socialista sus «maniobras» para evitar sumarse a la iniciativa con la presentación precipitada de una enmienda al texto popular que suponía romper el consenso alcanzado por todos los partidos en Segovia, «con la sorprendente tesis de culpar a la Junta de Castilla y León de una decisión adoptada caprichosamente por el Ministerio de Medio Ambiente».
Enmienda socialista
Por su parte, el PSOE presentó una enmienda en las Cortes en la que proponía que la presencia de arsénico podía sustentar los cambios en la DIA que permitiesen el recrecimiento del Tejo, y dejó claro que apoya esta medida, «tan necesaria para el abastecimiento de más de 120.000 segovianos».
La procuradora socialista por Segovia Ana Agudíez se mostró molesta por el rechazo del Partido Popular hacia la enmienda, que a su juicio supone oponerse a recoger el problema del arsénico en los pueblos pertenecientes a la zona de influencia del Tejo.
