La Consejería de Educación ha rechazado la Resolución del Procurador del Común mediante la cual instaba a la Administración a que tomara medidas para evitar 'guetos' educativos, tras la denuncia presentada en este sentido por la Asociación de Vecinos de La Pilarica y la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado en relación a dos colegios públicos. El Procurador, incluso, señalaba que se podría restringir el derecho a la libre elección de centro para conseguir una distribución más equitativa del alumnado de origen inmigrante y socioculturalmente más desfavorecido entre los distintos centros docentes sostenidos con fondos públicos.
El rechazo de la Consejería de Educación se fundamenta en el hecho de que la «proporción de alumnado inmigrante escolarizado en el colegio público Antonio Machado y en Gabriel y Galán de Valladolid es inferior al 30%, así como que la proporción de alumnado de etnias minoritarias o de condición sociocultural desfavorecida, que presenta necesidad específica de apoyo educativo por desfase curricular, es notablemente inferior al mencionado porcentaje».
Asimismo, la Administración educativa considera que su intervención en detrimento del derecho a la libertad de elección de centro «podría ocasionar una merma de los derechos individuales del alumnado y de las familias, así como una disminución injustificable de las garantías de equidad del modelo educativo de Castilla y León». La respuesta concluye señalando que, aunque las administraciones están obligadas a proporcionar al Procurador del Común la información que este les requiera, «las indicaciones que formula a las citadas Administraciones para la mejor salvaguarda de los derechos de los ciudadanos no son de obligado seguimiento para estas».
El fondo del problema
No obstante, las asociaciones vecinales denunciantes no se dan por satisfechas con la resolución de Educación y aunque no quieren entrar en la guerra de cifras, «porque el fondo y la esencia del problema es el que es», señalan que la explicación de la Consejería tiene su 'trampa', «porque efectivamente en el colegio Antonio Machado el número de inmigrantes no supera el 30%, pero el de alumnos de etnia gitana es casi del 100%», unos elevados porcentajes que se reproducen también en otros centros públicos de la capital.
«Por decisión de los payos y por la negligencia de la Administración se están concentrando las minorías y convirtiendo a algunos colegios en auténticos guetos, algo que contraviene la Ley y el sentido común porque esto generará conflictos a la larga», concluye un representante vecinal, quien no cuestiona que se esté prestando el apoyo educativo a aquellos niños que presenten necesidades específicas.
En este sentido, han manifestado su intención de convocar a las secciones sindicales de enseñanza y a la Federación de Asociaciones de Padres de centros públicos (FAPAVA) para abordar el tema y adoptar diversas medidas. De esta forma, tienen previsto solicitar una entrevista con el consejero del ramo, Juan José Mateos, y trasladar la denuncia a los grupos parlamentarios de la oposición para que hagan alguna pregunta al respecto y pidan explicaciones a la autoridad educativa.
