El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, argumentó ayer que las sentencias condenatorias registradas en los últimos meses contra la sanidad de Castilla y León no cuestionan la actuación de los profesionales ni del servicio de salud público, «que realizan una labor magnífica», sino la posibilidad de que en «algún caso se haya perdido la oportunidad de un diagnóstico prematuro».
Sáez respondió así en la Comisión de Sanidad de las Cortes regionales, a la que asistió por petición del Grupo Parlamentario Socialista, quien reclamó conocer la asunción de responsabilidad política por «el cúmulo» de sentencias del Tribunal Superior de Justicia contra el sistema público de salud de la Comunidad por una «incorrecta» asistencia médica.
En concreto, el consejero señaló que de las últimas condenas, tres lo son por daños morales y otra por un «insuficiente consentimiento informado» a la hora de poner un marcapasos en un paciente, que acabó con el fallecimiento del mismo, pero nunca poniendo en juicio la actuación profesional.
Al respecto y preguntado por la procuradora y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión, Mercedes Martín, Sáez informó de que su departamento «revisa» todas las reclamaciones y sugerencias presentadas por los usuarios, «y cuando entiende que tienen alguna razón, las estima». De hecho, todos los casos de responsabilidad patrimonial tienen informes clínicos, cuentan con dictamen del Consejo Consultivo, recomendaciones y análisis. El siguiente paso es recordar a los gerentes de los centros hospitalarios los protocolos cuando se ha cometido un error. Al respecto, manifestó que la Consejería elaboró recientemente un documento de 30 líneas de trabajo que pretende «mejorar la asistencia y la seguridad al paciente».
En todo caso, un aspecto importante en el que coincidieron tanto Sáez como Mercedes Martín, es que la sanidad pública regional «funciona bien, aunque es inevitable» que sucedan casos de este tipo. Aún así, el consejero señaló que el sistema dispone de medios necesarios que permiten evitar «al máximo» este tipo de hechos.
Una vez escuchada la intervención de Sáez, la procuradora socialista aseguró que «tranquiliza» conocer que se estudian todos los casos, pero pidió al consejero que en adelante informe «rápido y con transparencia» a las Cortes y a la sociedad de las sentencias porque ello también forma parte «del blindaje de los servicios públicos, como el sanitario», punto clave que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, destacó en su discurso de investidura.
El titular de Sanidad se comprometió a hacerlo, principalmente, para «defender la reputación y el prestigio» del sistema público de salud castellano y leonés, si bien lo condicionó en una salvedad, que el Defensor del Paciente, que gestiona la mayor parte de las denuncias contra la Administración, tenga «cautela» en sus interpretaciones cuando publica las sentencias «por respeto a las familias afectadas».
