Miembros del Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León se reunieron ayer con los alcaldes de los nueve municipios afectados por la declaración ambiental negativa de la recrecida de la presa Tejo. Los procuradores se comprometieron a presentar una Proposición No de Ley ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente del parlamento para mostrar su disconformidad con esta decisión y para pedir que no se paralice este proyecto.
En una rueda de prensa posterior a esta reunión de trabajo, en la que estuvieron presentes el presidente del Partido Popular de Segovia, Francisco Vázquez; el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Carlos Fernández Carriedo, y el viceportavoz, Juan José Sanz Vitorio, dieron a conocer el contenido de esta proposición, informa Ical.
En ella, piden a las Cortes que insten a la Junta a que se dirija al Gobierno de España para que, de forma inmediata, manifiesten a la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la «disconformidad» de la cámara con la resolución del 9 de junio, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto de recrecimiento de la presa de El Tejo. Considera que «excluye a multitud de ciudadanos del derecho a tener garantizado el suministro de agua potable con la cantidad y calidad suficientes obstaculizando la misma el procedimiento encaminado a solucionar un problema real de múltiples núcleos de la provincia».
Según Sanz Vitorio, la necesidad de la recrecida «viene siendo demandada con anterioridad a la supresión del proyecto del embalse de Bernardos». Los populares criticaron la actitud de un Gobierno socialista que hace ocho años dejó en el cajón el embalse de Bernardos, y se comprometió a dedicar el presupuesto a tres proyectos en la provincia, dos de ellos de los que ha emitido una declaración ambiental negativa, Guijasalvas y el recrecimiento de la presa del Tejo.
Sanz Vitorio apuntó que «desde el año 2003 no se hace ninguna declaración de interés general que beneficie a la comunidad, ni una; la última estaba en la Ley de Acompañamiento del año 2003, 100 millones de euros, lo que permitió que en estos momentos se esté concluyendo el abastecimiento de Villa y Tierra de Pedraza. Por un lado el Ministerio anula o paraliza obras, no declara obras de interés general y de 600 millones de euros de inversión nos llegan 750.000 euros», añadió.
Por su parte, Fernández Carriedo señaló que su partido defendió siempre la oportunidad de hacer la presa de Bernardos para dar una solución definitiva al agua. Ocho años después ninguna de las tres actuaciones comprometidas a cambio ha comenzado, y lo que a su juicio es «más grave», dos de ellas tienen una declaración de impacto ambiental negativa. «Lo que nos preocupa hoy es la paralización de la recrecida de ese embalse del Tejo, que, coarta las posibilidades de desarrollo de la zona y limita el futuro de esta tierra. Creemos que es un embalse que se debe recrecer», dijo.
