El caso de Juliane Cristina de Lima conmovió este verano a Castilla y León y sacó a la luz un problema muy generalizado, resultado de las carencias de la regulación de las ayudas a personas con discapacidad. Pese a haber sufrido una amputación de ambas piernas, vivir en silla de ruedas y cuidar de un bebé de meses no ha recibido todavía prestación social alguna; pero, además, la falta de información la llevó a que solo solicitara la del reconocimiento de grado de minusvalía de los Servicios Sociales tradicionales y la Administración no le informó de otra vía, la de la Ley de Dependencia. Para subsanar esta desorientación y doble tramitación del gran papeleo que supone solicitar a través de un centro base, por una parte, y desde la Gerencia de Servicios Sociales o Ceas, por la otra, el reconocimiento de una discapacidad y el derecho a una prestación, desde el Partido Socialista se presentó una Proposición No de Ley que paliara esta situación.
Concretamente, el procurador del PSOE, Jorge Félix Alonso, instaba ayer a la Junta a la puesta en marcha de un sistema de coordinación e información entre los propios servicios de la Gerencia de Servicios Sociales «dirigido a informar a los interesados sobre las prestaciones a las que puede tener derecho» y a la elaboración «de una normativa que haga posible que la documentación que se solicita para el reconocimiento del grado de discapacidad pueda servir también para el de dependencia».
No prosperó; aunque el procurador del grupo Mixto, José María González sí dio su voto a la propuesta que sumó así siete a favor y diez en contra. El PP negó su apoyo a la propuesta socialista y, a cambio, presentó una enmienda de sustitución de la misma. Su resolución fue que las Cortes instaran a la Junta a exigir al Gobierno central unificar los dos baremos que hay en la actualidad. Concretamente, pidió que se cumpla el acuerdo del consejo territorial del pasado junio de 2010 en el que se aprobó constituir un grupo de trabajo para analizar las relaciones entre los baremos de discapacidad y dependencia para simplificar procedimientos y beneficiar a los afectados. Defendió así, en la comisión celebrada ayer, Ángeles Armisén que «todos los dependientes tienen alguna discapacidad»; pero no a la inversa y, por ello, «hay diferentes profesionales e instrumentos para cada caso» y destacó que el baremo aplicado en el citado caso de Juliane Cristina «es estatal» por lo que corresponde al Gobierno central hacer los cambios.
Dos meses
Jorge Félix Alonso en su defensa de la propuesta no de ley aludió a que la propia consejera de Familia a Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos Ortega, había contemplado en su comparecencia el pasado mes de julio el diseño de un único procedimiento y la unificación del sistema de información. El PSOE estaba más que convencido del apoyo del PP a esta reforma que podría implantarse en dos meses, hasta que vio la propuesta de resolución de los populares que «solo busca justificar su negativa a la simplificación de documentación».
El caso, es que unos por otros, las personas con discapacidad de Castilla y León tendrán que seguir duplicando documentos, respondiendo a dos largas burocracias y acudiendo a distintas ventanillas administrativas durante meses o años. Ahora, todo depende de si con el Gobierno que resulte de las próximas elecciones generales hay acuerdo para crear el citado grupo de trabajo y hacer modificación de un texto estatal, un complejo y largo reglamento.
El Grupo Mixto defendió que ambas propuestas eran compatibles. La socialista sería de implantación rápida y la otra requeriría más tiempo pero sería menos urgente con la primera ya en marcha.
Tampoco prosperaron ayer en las Cortes las otras dos propuestas de los socialistas. Por una parte, el PSOE, esta vez en palabras de Fernando Rodero, pedía que el Decreto que prepara la Junta sobre los precios públicos contemple los casos en los que el afectado suma varias discapacidades, físicas e intelectuales, dado que ello agrega necesidades. Argumentó la propuesta con la comparativa de lo financiado por Castilla y León para una persona con parálisis cerebral, 50 euros, y el precio del 70% de las autonomías, que es de unos 123 por plaza.
Por último, el PSOE pidió legislar que la ayuda económica que recibe el mayor en una residencia rural no se facilite al Ayuntamiento sino al beneficiario. Desde el PP se indicó que estaba legislado, «otra cosa es que se incumpla». El requerimiento pasó así a ser sobre todo de control de una infracción que, en 2010, afectó a 1.332 millones.
