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Fuga de abogados para colegiarse en otras provincias por la alta cuota local

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Fuga de abogados para colegiarse en otras provincias por la alta cuota local

La cuota de colegiación es de 1.927 euros en el colegio vallisoletano

19.09.11 - 00:40 -
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Decenas de licenciados en Derecho por la Universidad de Valladolid y residentes en la provincia se están dando de alta en colegios de abogados de otras ciudades españolas y de Castilla y León para evitar pagar la cuota de colegiación de 1.927 euros que se exige en el colegio vallisoletano.
Los inscritos argumentan en la mayoría de los casos el alto precio a pagar si se compara con otras provincias de la región e incluso de la capital de España (el Colegio de Madrid tiene establecida una cuota de incorporación para un licenciado ejerciente de 467 euros).
Según explicaron fuentes del Colegio vallisoletano, que cuenta con un censo de letrados cercano a los 1.469, de los cuales 1.236 están dados de alta para ejercer la abogacía, la cuota de alta de 1.927 euros incluye no solo la incorporación sino otros conceptos como el dinero con el que se contribuye a los colegios de Castilla y León, al Consejo General de la Abogacía Española, el pago de la asistencia médica y otros servicios de consulta jurídica.
Prácticas en despachos
La ley aprobada en el año 2006, que regula el acceso a las profesiones de abogado y procurador, establecía una etapa de transición de cinco años para exigir a aquellos licenciados que no se han inscrito la realización de cursos de formación y trabajos en despachos profesionales o instituciones para poder adquirir experiencia. Esa fecha finaliza el 31 de octubre próximo y por ello cientos de licenciados de toda España que no estaban inscritos se están dando de alta ahora.
Muchos de estos licenciados superan los 40 años y deciden darse de alta en los colegios para evitar someterse a los nuevos requisitos para ejercer la abogacía. También otros, que trabajan en administraciones públicas, aseguran que no quieren cerrarse puertas a salidas profesionales para poder ejercer en tiempos de crisis.
La nueva normativa, que fue reclamada por el Consejo General de la Abogacía Española, se apoya en tres pilares: por un lado, la realización de un curso formativo específico para adquirir un conjunto de competencias profesionales; por otro, la realización de un periodo de prácticas externas en despachos privados o administraciones públicas, y finalmente, una evaluación de la aptitud profesional que será previa a la inscripción en cada colegio de abogados.
El pasado mes de junio, el BOE publicó el Reglamento en el que se establecían tres supuestos en los que no serán exigibles a los licenciados en Derecho estos nuevos requisitos. El primero de ellos es que se encuentren incorporados a un Colegio de Abogados o de Procuradores de España (como ejercientes o no) antes del próximo 31 de octubre.
La segunda excepción para eludir los cursos y prácticas será para aquellos que, aunque no estén colegiados antes de esa fecha, sí que lo hayan estado como ejercientes o no durante un año antes, que puede ser continuado o por meses sueltos. Por último, el Reglamento establece que los licenciados que tengan el título superior o de grado en Derecho quedarán también exentos de las prácticas si se colegian en el plazo de dos años como ejercientes o no, una fecha que concluiría antes del 31 de octubre de 2013.
La entrada en vigor de esta nueva ley, con la que se pretende mejorar el servicio de la Administración de la Justicia, ha conllevado que en los dos últimos años el número de licenciados que se han inscrito en el Colegio de Valladolid haya llegado a alcanzar los 106, lo que ha permitido a esta institución mejorar sus ingresos.
Lugar de residencia
A pesar de ello, muchos de los candidatos a subirse en los estrados de los tribunales de justicia han decidido darse de alta en otras provincias diferentes al lugar donde residen. Esta circunstancia ha dado lugar a que el Consejo General de la Abogacía, que agrupa a todos los colegios de letrados, se haya pronunciado al respecto asegurando que la exigencia de colegiación en el lugar donde esté el domicilio habitual está dirigida a los abogados que van a ejercer, pero no a los que no.
Ante este trasvase de letrados de unas provincias a otras, el Consejo General de la Abogacía considera que la adscripción territorial garantiza el mejor funcionamiento de la vida colegial y la participación de los letrados en las decisiones que se adopten. «No parece tener mucho sentido que una persona que viva en Galicia, se colegie como no ejerciente en Andalucía ya que ello genera todo tipo de problemas», señalan desde el Consejo.
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Entrada de acceso a la sede del Colegio de Abogados por la calle Torrecilla. :: G. SÁNCHEZ

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