M ientras los difíciles momentos económicos obligan a los responsables de los dineros públicos a romperse la cabeza para discurrir cómo pagar la construcción de un parque nuevo en un barrio o urbanizar un espacio de la ciudad, las arcas siempre tienen un dinero que nadie, del color político que sea, se plantea nunca dedicar a otros asuntos. Se trata de las partidas de cooperación al desarrollo, quizás la única competencia sin una obligación legal pero sí moral, que supera las fronteras geográficas de cualquier administración pero que tanto dirigentes institucionales como ciudadanos comparten en que no pueden olvidarse.
El Ayuntamiento de Palencia ha dedicado este año 264.630 euros a colaborar con distintas organizaciones no gubernamentales en proyectos de cooperación al desarrollo en todo el mundo. También la Diputación aporta una parte de su presupuesto a estos fines.
El concejal delegado de Bienestar Social, Miguel Ángel de la Fuente, reconoce que las partidas deben ajustarse a la situación presupuestaria de cada momento, pero en ningún caso desaparecer. «Una de las competencias de todas las administraciones es garantizar que los ciudadanos tengan cubiertas unas necesidades básicas, y cuando se trata de carencias tan fuertes, no existen limitaciones geográficas. La solidaridad es obligada», afirma. Este argumento se ve además respaldado por la opinión mayoritaria de la población, que en todas las encuestas sociológicas apuestan por dedicar una parte del dinero público a quienes más lo necesitan.
Un total de 20 organizaciones no gubernamental se beneficiarán este año de los 264.630 euros que el Ayuntamiento les ha concedido para cooperación al desarrollo. Sus proyectos son de todo tipo, desde construcción de escuelas, implantación de agua potable, centros de capacitación, asistencia farmacéutica y sanitaria o atención a la infancia, hasta la ayuda excepcional de emergencia, cifrada en 15.000 euros, que a finales de julio concedió el Ayuntamiento de Palencia a Unicef para paliar la situación extrema de hambruna en África. La asignación también se decide en función de la envergadura del proyecto. Las más elevadas corresponden a Cruz Roja (44.787 euros) para la rehabilitación de sistemas de agua apta para el consumo en Tayikistán, y a la Asamblea de Cooperación por la Paz (45.000 euros), que trabaja para garantizar el acceso a un entorno digno en el departamento de Cuscatlán, en El Salvador. En el extremo opuesto, se encuentran los 1.980 euros que se han concedido a la Fundación Vicente Ferrer para lograr unas condiciones de habitabilidad dignas para 63 familias desfavorecidas en Anantapur, en La India. Muchos son inmediatos, mientras que otros se plantean a medio plazo y por fases. Pero si algo tienen en común todos ellos es el perfil de personas a las que se dirigen: colectivos muy desfavorecidos que no tienen cubiertas las necesidades más elementales. Y también que aportar un pequeño granito de arena sigue siendo una obligación moral que se mantiene incluso en época de crisis. Al fin y al cabo, las instituciones representan a los ciudadanos, y ¿quién no se conmueve ante esas imágenes?
