Los obispos llamaron hoy a la desobediencia civil contra la llamada ley de Muerte Digna, una norma que abre las puertas a «conductas eutanásicas». Los prelados entienden que la futura norma supone una «violación» del derecho fundamental a la vida, «es gravemente injusta» y, en consecuencia, no debe ser acatada. La Conferencia Episcopal considera que su postura no cuestiona el orden democrático ni trata de imponer una concepción moral al conjunto de la sociedad. Su iniones sanitarias la desconfianza y el temor ante la depreciación y mercantilización de la vida humana».
Todos estos juicios figuran en una declaración aprobada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que analiza el proyecto de ley reguladora de los Derechos de las Personas ante el Proceso Final de la Vida, que obtuvo el visto bueno del Ejecutivo el 13 de mayo. En el documento los obispos arguyen que «las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana».
Ante iniciativas injustas es legítimo el derecho a la insumisión y la objeción de conciencia, según dijo el secretario general y portavoz de la jerarquía católica, Juan Antonio Martínez Camino.
Los obispos apelan no solo a la resistencia a la ley, sino también al combate de ella. Antes leyes que atentan contra la dignidad humana, «es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas», dice el texto.
Juicio definitivo
A pesar de que en un primer momento el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Antonio María Rouco, no advirtió en la ley una legalización encubierta de la eutanasia, al final han imperado el criterio de los prelados más recelosos. Martínez Camino justificó las palabras de Rouco en el hecho de que no era un «juicio definitivo».
La iniciativa destila una doctrina que antepone la calidad de vida y la autonomía del paciente a otras consideraciones, según los obispos . En este contexto, no es extraño que se «pretenda justificar e incluso exaltar el suicidio como si fuera un acto humano responsable».
Los prelados estiman que de prosperar la legalización de la eutanasia no solo se infligirá un «grave daño moral», sino que también se generaría «una intolerable presión social sobre los ancianos, discapacitados o incapacitados», amén de todos aquellos «cuyas vidas pudieran ser consideradas de 'baja calidad».
La jerarquía eclesiástica observa dos grandes peligros en la redacción de la ley. En primer lugar, recela de la «sedación inadecuada». La ley establece que las personas moribundas tienen derecho a recibir sedación paliativa, aunque ello implique un acortamiento de la vida. A juicio de la jerarquía católica, yerra el legislador al hacer depender los tratamientos de la voluntad del paciente y no de la decisión del médico. Por añadidura, «no queda claro el modo en que la proporcionalidad sea aplicada a la sedación, condición necesaria para que no se use como un medio para causar la muerte».
Otra reserva importante que plantean los obispos se refiere al «abandono terapéutico», es decir, dejar de procurar cuidados y «medidas de soporte vital» cuando carecen de «utilidad clínica», según reza la ley. Así las cosas, el texto permanece en «una ambigüedad de consecuencias morales y jurídicas graves».
Los obispos echan en falta la invocación del derecho a la objeción de conciencia, «que debería reconocerse y garantizarse al personal sanitario en su mayor amplitud posible». Además, creen que en la norma habría de constar que el ideario católico de un centro sanitario será respetado.
La Conferencia Episcopal lamenta que el derecho de libertad religiosa «ni siquiera aparezca mencionado en el texto». Cuando se aborda el acompañamiento del enfermo en su agonía, el texto alude a «asistencia espiritual o religiosa».
