Después de cuatro años de avances tan espectaculares que se volvieron insostenibles, los dos últimos ejercicios han sido de encefalograma plano en la gráfica de crecimiento y de caída en picado en la del empleo. No se trata del sector inmobiliario, sino de la industria fotovoltaica nacional, que alcanzó estatus de potencia mundial en 2008 y ahora pierde comba por culpa de la legislación y de los apoyos que otros países sí prestan al sector. Castilla y León, con una docena de plantas fabricantes de material fotovoltaico, se erige como primera comunidad productora del sector, según informaron ayer la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y el Cluster de Energía Solar Fotovoltaica de la región (Cylsolar). El presidente de este último, Juan Guerrero, aseguró ayer que la crisis del sector ha destruido la mitad de los empleos en la comunidad, desde los alrededor de 4.000 puestos de trabajo registrados en 2008, hasta los poco más de 2.000 de 2010.
La causa de la crisis del sector fotovoltaico tiene, según manifestó Tomás Díaz, director de relaciones externas de Asif, nombre y apellidos: la inseguridad jurídica creada por el Gobierno central con sus bandazos regulatorios. «En los últimos cuatro años se han aprobado hasta cuatro decretos distintos, lo que impide que las 700 empresas que existen en España puedan planificar sus plantillas y niveles de producción». En la actualidad, más del 70% de los materiales fotovoltaicos que se fabrican se destinan a la exportación.
Nuevas reglas de juego
En 2007, la tarifa en vigor aseguraba a los productores unos ingresos de 440 euros por megawatio (Mw) que, tras sucesivos recortes, han pasado ahora a ser de 290, 203 o 135 euros, dependiendo de la potencia instalada. «Exigimos unas reglas del juego claras para saber cuánto vamos a cobrar y durante cuánto tiempo», reclamó Díaz, que afirmó que las denuncias de fraude en los niveles de generación declarados se deben a que «actualmente no se sabe cuándo se instaló qué cosa y a cuánto hay que remunerar la producción de acuerdo con la fecha de instalación».
El representante de la industria fotovoltaica no solo demandó «estabilidad jurídica y regulatoria en el sector», sino también «una mayor simplificación administrativa y el desarrollo de la normativa del autoconsumo, con el fin de lograr un mayor crecimiento de esta fuente energética». Díaz criticó también los retrasos en la tramitación que sufren las empresas del sector y que sitúan a España a «la cola de Europa, tan solo por encima de Polonia o Bulgaria, algo lamentable si se tiene en cuenta que este país es uno de los líderes mundiales en la materia, por detrás de China, Alemania, Japón y Malasia».
Los datos son suficientemente elocuentes: tras el crecimiento del 250% en la potencia instalada experimentado en 2008 (de 20.000 a 50.000 Mw), un año después solo se instalaron en toda España 17 Mw, mientras que en 2010 fueron 367. El año pasado, en Alemania se instalaron 7.000 Mw y en Italia, 4.000, mientras que China multiplicó por cuatro su capacidad de generación fotovoltaica. Según ejemplificó Tomás Díaz, en España un ciudadano particular tiene que esperar dos años para contar con la autorización necesaria para instalar en su tejado unos módulos fotovoltaicos que generen 2 kilowatios.
El potencial que los avances tecnológicos otorgan a esta fuente de energía, según insistieron los representantes del sector, se ve lastrado por la inestabilidad regulatoria. Extremadura, una región poco poblada y con mucha potencia conectada, cubrió el año pasado nada menos que el 15% de su demanda eléctrica total con fotovoltaica, con picos máximos superiores al 25% durante el periodo de verano. Se trata de unas cifras sin parangón en el mundo, en una comunidad autónoma que es tan extensa como Suiza. Casi lo mismo puede decirse de Castilla-La Mancha -tan extensa como la República Checa-, que cubrió con fotovoltaica el 14,5% de su demanda.
Castilla y León, mientras, cubrió con esta energía el 4,29% de su demanda eléctrica total en 2010. De los 3.812,37 Mw fotovoltaicos conectados a la red eléctrica en España el año pasado, algo más del 10%, es decir 386,7 Mw, se ubican en la comunidad autónoma.
