La Abogacía del Estado detalla en su impugnación que el grado de imbricación de ETA con Bildu es tal que tienen pactada la fórmula de condena de los atentados de la propia organización terrorista. En un documento interno incautado a presuntos etarras, y que se adjunta al recurso ante el Supremo, se establece que la coalición «tiene que denunciar cualquier violación de los derechos humanos incluidas las 'ekintzas' (acciones) de ETA».
Los servicios jurídicos concluyen a partir de esta premisa que las condenas a los actos terroristas tienen «un mero valor instrumental o aparente», porque es ETA la que «fija las instrucciones sobre la forma en que se debe denunciar la violencia que ella misma practica». Lo único que pretende, agregan los servicios jurídicos, «es mantener una coalición política» sin tener que «comprometer» a partidos como Eusko Alkartasuna o Alternatiba, que siempre habían condenado los atentados.
Esta directriz pudo comprobarse tras el reciente tiroteo de dos miembros de ETA en Francia contra una patrulla de gendarmes, acción condenada por Batasuna, aunque Bildu en un principio calificó los hechos de «incidente» y a los pocos días rectificó y asumió el error de minimizar los disparos.
El texto agrega asimismo que Bildu tiene que «denunciar al principal violador de los derechos humanos y el origen de la violencia: los estados-gobiernos de España (PP-PSOE) y de Francia». Coletilla que siempre acompaña las valoraciones de la coalición a las detenciones de miembros de ETA.
