Las mujeres inmigrantes en situación irregular que sean maltratadas por sus parejas podrán denunciar a los agresores sin el temor de ser repatriadas. Este es una de las principales novedades del nuevo reglamento de la ley de Extranjería que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Numerosos expertos habían alertado del problema añadido que suponía no tener los papeles en regla para las víctimas de violencia de género en España. De hecho, el 29% de las 629 mujeres asesinadas por sus parejas en la última década eran extranjeras.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que la mujer que denuncie malos tratos en su ámbito familiar «recibirá de la Policía el tratamiento que le corresponda por lo que le pasa» sin reparar en su documentación. El acuerdo del Ejecutivo también incentiva el retorno de aquellos inmigrantes que se hayan quedado sin trabajo en España. De esta manera, quien decida regresar no perderá ninguno de los derechos laborales adquiridos durante sus años de estancia. «No es justo -dijo Rubalcaba- que esa gente que ha trabajado en España y que, por tanto, ha ayudado al crecimiento económico español, se vaya y nadie le reconozca que ha estado aquí trabajando y se le equipare a aquellos que vienen por primera vez».
No todas las reacciones ante la nueva normativa han sido positivas. El PP consideró que «permite regularizaciones masivas por la puerta de atrás a través del arraigo», según indicó el diputado popular Rafael Hernando. Por otra parte, 80 organizaciones sociales, que piden la regularización inmediata de los inmigrantes ilegales, rechazaron de manera frontal el reglamento «por ser discriminatorio».
