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Imputado por prevaricación un exalcalde de Fuentes de Oñoro

SALAMANCA

Imputado por prevaricación un exalcalde de Fuentes de Oñoro

Jesús Lanchas adjudicó una residencia de ancianos que nunca se construyó

23.03.11 - 00:21 -
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El juzgado número 1 de Ciudad Rodrigo ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro (Salamanca) contra el anterior alcalde, Jesús Lanchas; el exsecretario municipal, José Manuel Esteban, y el que hizo las veces de arquitecto, Alfonso Angulo.
El juzgado ha visto, tras analizar la documentación aportada por el representante del consistorio, la «posible existencia de un delito de prevaricación y falsedad documental», por lo que a partir de ahora se abre un periodo de diligencias previas en el que los tres ya están citados para declarar en calidad de imputados.
La denuncia viene motivada por la construcción de una residencia de personas mayores que fue promovida cuando Jesús Lanchas era alcalde y que nunca se llegó a construir.
El actual regidor, Isidoro Alanís, explica que «a los nueve meses de asumir la alcaldía, recibimos la llamada de una empresa reclamando cantidades relacionadas con la construcción de una residencia municipal». Esa cuantía asciende a 300.000 euros.
El equipo de Gobierno rápidamente advirtió serias irregularidades que se pusieron en conocimiento de un equipo jurídico que recomendó seguir adelante con una denuncia. Alanís afirma que «en los documentos constaban certificaciones de obras que no se habían realizado». De hecho, la zona conocida como Los Pinos, donde se pretendía ubicar el inmueble es, a día de hoy, un baldío.
A estos hechos, se suma la adjudicación de la residencia, que se efectuó de manera directa por la anterior corporación por siete millones de euros, algo que no permite la ley, por superar en un 5% el presupuesto municipal.
La adjudicación de las obras fue para la empresa Ferrocastelo, con sede en Madrid, que nunca llegó a tener actividad y se desconoce el paradero de sus propietarios.
Esta empresa subcontrató a otra, Esteban y Cuvillo, que es la que reclama 300.000 euros al Ayuntamiento.
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