Aunque ayer ya se sentó con los representantes de las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias de los sectores de vacuno de carne, ovino y caprino, carne de ave, leche y huevos, Rosa Aguilar se encontrará hoy en Valladolid con una situación totalmente diferente a la que vivió en la sede del Ministerio.
Aquí se ha anunciado una movilización de los ganaderos para el próximo sábado y de hecho, Castilla y León es la única comunidad en la que se ha convocado esta protesta. Sin duda, es el reflejo del clamor que gritan los profesionales del campo que hoy tienen la vista puesta en la reunión que Aguilar mantiene a las diez y media de la mañana con el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la primera en más de cien días de mandato. Después se sumarán los consejeros de la Presidencia; de Agricultura, y de Medio Ambiente.
El sector insiste en que no es momento solo de fotos y por eso esperan que salga un documento «escrito» con las medidas «necesarias para que los ganaderos de la comunidad puedan seguir trabajando, y también para que sea viable la actividad agrícola y ganadera». Al sector primario, dicen, nadie le tiene que enseñar a ofrecer alimentos de calidad porque lo hacen 'motu propio', por eso exigen que «a través de acuerdos y contratos se permita a los ganaderos seguir viviendo dignamente de su explotación, porque eso «es lo que sabemos hacer y lo que queremos seguir haciendo». Y en este sentido apelan a ambas Administraciones a unirse para dar «soluciones drásticas y efectivas».
Afecta a la sociedad
Las organizaciones agrarias y las cooperativas insisten en que el problema de la crisis de la ganadería no afecta sólo a los trabajadores, directos o indirectos, del sector sino a toda la sociedad porque si se cierran explotaciones, la escasez del producto hará incrementar el precio de la cesta de la compra. Aseguran que en la cadena de distribución «hay margen» para que el ganadero tenga rentabilidad sin que el consumidor pague más por el producto, pero para ello, es «imprescindible que las administraciones controlen los márgenes comerciales».
La solución, a su juicio pasa por tres ejes. El primero tiene que ver con los acuerdos de precios de venta de sus productos con la industria y la distribución para que así las explotaciones sean viables. Esta medida conllevaría, entre otros, la aplicación de medidas de lucha contra la volatilidad de los precios, la vigilancia de las importaciones ganaderas con el objeto de evitar que accedan aquellas que no cumplen los requisitos de la UE sobre sanidad, o la apuesta «decidida» por contratos de compraventa donde el sector productor y las cooperativas tengan capacidad de negociación.
En segundo lugar reclaman ayudas directas para remontar la «insostenible» situación actual, agilizando las convocatorias de ayudas y los pagos, implementando las ayudas a las cooperativas que comercialicen o transformen las producciones de sus socios o evaluando el sistema de seguros agrarios.
Y la tercera de las peticiones del sector ganadero se basa en un paquete de medidas fiscales «extraordinarias y urgentes» que conlleven, entre otros, la financiación y refinanciación de los créditos y préstamos ganaderos otorgados durante los últimos años o la devolución de las cuotas abonadas a la Seguridad Social agraria en el segundo semestre del año pasado, o «al menos» la del primer semestre de éste.
Reunión posterior
Pero la Junta también tiene preparada su tabla de reivindicaciones para este encuentro. La primera, y la «más importante», según la consejera Silvia Clemente es la presentación de un plan ganadero «solido y respaldado» por el sector para el que pedirá, dijo ayer a Europa Press, «el máximo rigor y sensibilidad» por parte del Gobierno de la nación.
Clemente está convencida de que los temas agroganaderos centrarán «el grueso» de la reunión, aunque apelará a la celebración de una reunión posterior que permita conocer los compromisos de Aguilar con ese plan ganadero. Y es que entiende que «después de cuatro aplazamientos», la ministra se va a llevar el plan «un mes después de lo que a nosotros nos hubiera gustado», algo que a su juicio significa que «no ha dado a Castilla y León» la prioridad que tiene en materia agraria a pesar de que la comunidad cuenta con más de 63.000 personas ligadas directamente y con carácter principal al sector agroganadero. Sin embargo, según Clemente, la ministra «no nos ha querido recibir y sí ha recibido a otras comunidades que desde el punto de vista agrario no tienen el peso que tiene Castilla y León».
Tres medidas
Seguro que Aguilar se defenderá hoy de estas acusaciones y lo hará trasladando a los interlocutores la acción del Gobierno en esta materia que se centra -como les explicó ayer a los representantes de las organizaciones agrarias- en tres medidas. Por un lado, ya han propuesto a Bruselas que se saquen cuatro millones de toneladas de cereales de los 'stocks' de intervención, así como una reducción temporal de ciertos aranceles a la importación y medidas de control de operaciones de opciones de futuro en el marco del G20. El objetivo es, según la ministra, hacer frente a la volatilidad de los precios de las materias primas y potenciar la seguridad alimentaria.
Para limitar la repercusión al consumo de los incrementos de los costes y velar por los intereses de los consumidores, Aguilar incidió ayer en la importancia de reforzar la transparencia en la cadena agroalimentaria. Además, apuesta por la calidad y el impulso a la promoción y la exportación para dar salida a los productos elaborados. Además, anunció que se creará una mesa de trabajo sobre la fiscalidad en la que estudiar medidas para el sector.
