El 'ciclotour' realizado por el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Óscar López, dio sus últimas pedaladas el pasado 31 de agosto en Figueruela de Arriba (Zamora), pero la última etapa sigue dando que hablar debido al uso supuestamente ilegal de cuatro barbacoas portátiles en una zona arbolada junto a la piscina natural de Riomanzanas. Los rescoldos han llegado a la propia Guardia Civil y a la Junta de Castilla y León que, a través de su Servicio de Medio Ambiente, ha solicitado información para comprobar que tenía todos los permisos necesarios.
El primero en pasar a consulta, el alcalde de la localidad, asegura que nadie notificó ni pidió permiso para instalar una barbacoa. «Veintidós horas antes, el grupo socialista nos remitió un fax en el que se nos informaba de la llegada del ciclotour y de que la jornada terminaría en un pincho informal. Nada más. Eso es lo que he notificado a la Guardia Civil y a Medio Ambiente. A partir de ahí, yo no entro en si es ilegal o no, o si hay más o menos riesgo», comenta el popular Carlos Pérez, que no fue invitado a un fin de fiesta al que sí asistieron la subdelegada del Gobierno, Pilar de la Higuera, el delegado regional, Miguel Alejo, o el secretario provincial del PSOE, Carlos Hernández.
La «garantía» de Alejo
Precisamente Miguel Alejo se refería ayer a este encuentro, remitiéndose a la profesionalidad de la Guardia Civil, presente en el fin de etapa. «Mi garantía es la Guardia Civil, ellos son los que hacen que se cumpla la ley y cuando llegué estaban allí, así que no hay más que hablar. Cada uno sabe lo que tiene que hacer», apuntó.
La alerta del uso supuestamente ilegal de las barbacoas la dio el agente forestal de la zona. Por normativa, el uso de las barbacoas está prohibido sin los permisos pertinentes, a no ser que se realicen en recintos cerrados y con la correspondiente chimenea dotada de matachispas. El incumplimiento de esta normativa supone una sanción, por lo que serán ahora los informes que redacten los miembros de la Guardia Civil y los responsables de Medio Ambiente los que dictaminen si se abre expediente en primer lugar y si éste requiere sanción.
