Se acabó la imagen de las cajas de ahorro en manos de los políticos. El Gobierno regional analiza en su reunión de hoy el borrador del decreto que modificará la normativa regional sobre cajas de ahorro. El decreto será aprobado antes del mediodía y, según fuentes de la Consejería de Economía y Empleo, redactora del texto, saldrá mañana publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), momento en el que entrará en vigor.
El salto cualitativo que, en consonancia con la normativa estatal, representa el decreto que aprueba hoy el Consejo de Gobierno es de un calado notable y avanza en la despolitización de los órganos de gobierno de las entidades de ahorro. Para que esto sea efectivo, la normativa regional endurece considerablemente el régimen de incompatibilidades de los representantes de formaciones políticas en las asambleas de las cajas. Pero, a la vez, las incompatibilidades se extienden al ámbito financiero y el decreto impedirá que personas cuyas empresas mantengan créditos con una caja puedan llegar a sentarse en algunos de sus órganos de dirección (presidencia, consejo de administración, de control y comisión ejecutiva).
Las fuentes de la Consejería de Economía y Empleo consultadas por este diario señalaron ayer que el decreto modificará las cuotas que las asambleas tienen en la actualidad las entidades de interés general, las entidades fundadoras, las corporaciones locales y las Cortes de Castilla y León y mantendrá intacta la cuota de la representación de los trabajadores.
De acuerdo con el texto elaborado por el departamento que dirige Tomás Villanueva, las más perjudicadas en la reducción de cuotas serán las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones provinciales), el principal núcleo de entrada de políticos en las asambleas y, posteriormente, en los órganos de decisión de las mismas.
El diálogo social
Frente a la reducción del peso de políticos municipales y provinciales (cuota por la que están en las cajas alcaldes como el de León, Francisco Fernández, el de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, o el de Segovia, Pedro Arahuetes, o presidentes de Diputación, como la de León, Isabel Carrasco o el de Ávila, Agustín González) ganarán representación con el nuevo decreto de entidades de ahorro los miembros del diálogo social (léase sindicatos y empresarios).
Es el coste que tendrán que pagar quienes hasta el momento, y durante los dos últimos años, más palos han puesto en las ruedas de los planes de las direcciones de los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, y sus principales líderes, Juan Vicente Herrera y Óscar López, respectivamente, para integrar, fusionar o unir a las seis entidades de ahorro de la comunidad autónoma para haber creado la gran caja de Castilla y León.
Los intereses políticos, en multitud de ocasiones mezclados con los estrictamente personales, de numerosos líderes políticos locales, han acabado en una norma que les expulsará de las cajas. Esos políticos locales y provinciales tendrán que elegir ahora entre la caja o el cargo público. Y notables empresarios, cuyas empresas son los máximos deudores de las cajas que presiden, también quedarán extramuros de las entidades financieras.
Reuniones
El plazo para la renovación de las asambleas, de las que saldrán «más profesionalizadas y menos politizadas», según la base filosófica que inspira el decreto de la Consejería de Economía y Empleo, expira en febrero de 2011.
El contenido de la normativa que aprobará hoy el Consejo de Gobierno fue dado a conocer ayer por los máximos responsables de este departamento, encabezados por su titular, Tomás Villanueva, a los dirigentes de los partidos políticos con representación en las Cortes, a los sindicatos de mayor implantación autonómica y a la patronal.
