Los colegios profesionales son mejorables y deben adaptarse a una sociedad global y abierta pero, tras el decreto de visado aprobado por el Gobierno, las titulaciones técnicas tienen una situación gravísima, que plantea su desaparición operativa y la extinción de su carácter institucional en la sociedad civil. Se pretende reducirlas a un papel testimonial, pues sin recursos para actuar en beneficio de la sociedad y sus colegiados, carecerán de poder de influencia y no aportarán equilibrio al juego social.
Es muy grave destruir estamentos de la sociedad civil, simplificar el tejido social y evitar voces que pueden aportar conocimiento, servicio, riqueza y crítica, además de defender intereses legítimos. Inquieta que el argumento incontestable sea la supuesta incidencia competitiva en la producción. Se invoca que es consecuencia inevitable de directivas europeas, surgidas de un limbo comunitario, ajeno al devenir cotidiano de la variopinta realidad ciudadana. Es una falsedad, producto de un interés simplificador, que oculta un grave problema de fondo: la degradación, previa a la destrucción, de los valores cívicos de la sociedad europea, un costoso equilibrio producto de siglos.
Los colegios profesionales sirven a la sociedad acreditando la idoneidad de los profesionales y de su trabajo, mediante la colegiación, el visado y la vigilancia ética, según sea el caso de los proyectos o de la práctica profesional. En ausencia de este servicio, deberá asumirlo la Administración y será más caro. Esta necesidad parece evidente cuando existan riesgos para las personas por las actuaciones a desarrollar, para esos casos la Unión Europea establece cautelas, desde los procesos formativos, hasta la práctica profesional. Es cierto que el mundo es grande y hay países sin estos controles, pero suelen ser sociedades más injustas y menos desarrolladas.
Las objeciones económicas al servicio de visado se refieren a su repercusión en el coste final del producto. Aunque los derechos de visado los asumen los colegiados, hay una 'desinteresada' voluntad de evitar este coste. Se aduce que la Administración tiene sus propios servicios técnicos para hacerlo, lo que es cierto en algunos casos, pero no siempre. Además, el visado tiene un sentido diferente de la supervisión administrativa, especialmente en casos de edificación, porque puede advertir de infracciones graves o carencias, que no son objeto de consideración para otorgar licencias de obra. Éstas se conceden sin perjuicio de terceros, ni de las posibles responsabilidades que se puedan derivar de las mismas. Así que lo que está en juego es que los técnicos y la documentación elaborada sean idóneos, para ser amparados por un seguro, ante responsabilidades civiles. Es la primera consecuencia del borrador del decreto sobre visado: Queda en entredicho el sistema de garantías vigente.
La repercusión económica de los costes del visado se estima en cuatro diezmilésimas, respecto al precio del producto final en el precio medio de una vivienda, siendo los visados de arquitectura más costosos, por su incidencia urbanística. Sorprende que con tan reducida repercusión se consiga dar servicio a la sociedad, mantener una estructura que genera empleo, actualiza la formación de los profesionales y promueve la cultura; algo posible por la eficiencia y competitividad de un sistema en el que aporta más quien más lo utiliza. Como segunda consecuencia, se destruye un sistema eficiente de supervisión, de bajo coste, sin crear una alternativa.
Se confunde el proceso de visado, habilitando a cualquier colegio oficial, en cualquier lugar, a visar en función de su competencia en la materia. Esta expresión genérica desconoce que no todos los visados son iguales. Un proyecto de telecomunicaciones, la implantación de una infraestructura, una piscifactoría, etc. no son valorados en el contexto urbano, pero no sucede lo mismo con la mayoría de las edificaciones que son afectadas por la normativa urbanística. La deslocalización inicia una vía contenciosa entre colegios profesionales, deseosos de ser competentes, y entre administraciones locales y autonómicas, que no querrán perder la oferta de los servicios que se prestan en su territorio. Tercera consecuencia: Abre una vía de conflictividad jurídica que generará tensiones y costes innecesarios.
Se afecta al ejercicio profesional de 720.000 titulados, las expectativas de unos 300.000 universitarios, se prescindirá de unos miles de puestos de trabajo del personal que trabaja en los colegios profesionales, que ya estaban muy afectados por la crisis. Estamos hablando del grave deterioro en la economía de cientos de miles de familias. Cuarta consecuencia: Se deteriora la actividad económica y se destruyen miles de puestos de trabajo.
Europa no ha pedido esta barbaridad. Como tampoco pediría la desaparición de la ONCE, cuya admirable labor social no cuestiona la acción administrativa, menos eficiente que ella. Las directivas comunitarias, a veces muy discutibles, se formulan para adaptarse a las peculiaridades de los Estados. Nuestros colegios profesionales son tan peculiares que los cita la Constitución Española, como a los sindicatos, y no deben cuestionarse aspectos institucionales de nuestra sociedad civil. No se puede asfixiar a las entidades, sino más bien garantizar su salud. En una Europa en crisis, España ha cambiado la atractiva imagen de país capaz de resolver problemas por la de crearlos. En cinco años, la sociedad española, ha pasado de soñar el éxito económico indefinido, a chocar con una cruda realidad. En los colegios profesionales, de carácter técnico, ha sucedido lo mismo pero, este real decreto, los puede matar. En un final que podría firmar Shakespeare pueden pasar de soñar, vivir a... tal vez morir.
