La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha rechazado en una sentencia del pasado 15 de julio la petición de la empresa Parzara de retrasar la demolición de las oficinas del edificio situado en la plaza Juan de Austria, que fueron declaradas en su día ilegales por el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Valladolid.
La empresa, que ha sido condenada a reponer a su situación anterior este espacio situado cerca del Corte Inglés, había pedido ampliar el plazo de ejecución de las obras de 30 días a tres meses, pretensión que el juzgado había rechazado mediante un auto del 28 de septiembre de 2009.
La Sala del TSJ, que impone las costas a la empresa promotora, recuerda que la decisión adoptada por el juez de instancia para ordenar la demolición de las oficinas del edificio es la acertada, después de un procedimiento judicial que finalizó en el año 2006 con sentencia condenatoria.
Este procedimiento se inició después de que varios vecinos de la plaza Juan de Austria demandaran ante los tribunales al Ayuntamiento por haber concedido la licencia de obras, que supuso también un aumento de la edificabilidad permitida en la zona.
Desde entonces se han dictado siete sentencias por los juzgados de Valladolid, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo, todas ellas contrarias a la edificación de este edificio de oficinas, cuya licencia se otorgó por el Ayuntamiento el 18 de noviembre de 2005.
La licencia fue solicitada por la empresa Parzara, en su día vinculada al Grupo Parquesol y Banco Zaragozano, que promovió la construcción de un centro comercial en esa parcela del Juan de Austria.
El Grupo Municipal Socialista reprochó ayer los intentos de la empresa de retrasar el cumplimiento del fallo de demolición, por cuanto «el derecho de ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales firmes constituye una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva».
El PSOE insistió tras este fallo que la «demolición será una realidad antes o después, que tendrá consecuencias para las arcas municipales que tendrán que pagar todos los vallisoletanos».
