El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León se ha cansado ya de los retrasos para cumplir la sentencia que dictó hace más de dos años en relación con los pisos construidos en la planta octava de la plaza de Zorrilla, que acogió la sede de la obra social de Caja Duero, situada entre las calles Santiago y María de Molina de la capital vallisoletana.
En un nuevo auto, de fecha 28 de julio, los tres magistrados del Alto Tribunal requieren nuevamente al alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, para que en el plazo de tres meses dé las órdenes para ejecutar la sentencia de 28 de abril de 2008, en la que se fijaba la demolición de las obras realizadas en ese inmueble tras una licencia que concedió el Consistorio en el año 2001 a la empresa Edificasa 2000.
El TSJ consideró entonces, después de analizar el recurso que presentó en el año 2002 la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado, que las obras realizadas por esta constructora habían supuesto una vulneración de la legalidad urbanística municipal, que se concretaba en un incremento de la edificabilidad en los áticos que se levantaron en ese inmueble que da a la plaza de Zorrilla.
Durante la intervención bajo licencia municipal de la constructora, se suprimieron los históricos trasteros y se destinaron los 93,92 metros cuadrados de los mismos para uso de viviendas, que ahora deberán ser derribadas por ser consideradas ilegales por la justicia.
Pero además los jueces sentenciaron, después de analizar todo el expediente y estudiar los informes periciales que se encargaron a arquitectos, que con las obras efectuadas se incumplió lo establecido en el Plan Especial del Casco Histórico (PECH) de Valladolid, aprobado en mayo del 1997 por el Ayuntamiento, en lo referente a la modificación de la fachada interior que da a la calle Santiago.
«Allí se ha demolido una galería acristalada existente, lo que constituye, a juicio de esta Sala, otra infracción (...) suponga o no suponga aumento del volumen del edificio», sentenció el Alto Tribunal.
El Plan Especial obliga a proteger este tipo de inmuebles que fueron catalogados en su día por su valor arquitectónico e histórico.
Reconstrucción
El nuevo pronunciamiento de esta semana del TSJ, calificado en medios judiciales como un 'ultimátum' a la Administración municipal, se produce después de que el Consistorio que preside el regidor popular hubiera presentado un proyecto, en octubre de 2009, para tratar de legalizar la reforma del edificio de viviendas, oficinas y locales, desde las plantas tercera a la octava, que fue redactado por un arquitecto municipal.
Sin embargo, el Tribunal Superior recuerda al Consistorio que preside León de la Riva que la sentencia de 2008 señalaba que se había incumplido el PECH, al haberse alterado elementos como la cubierta y las fachadas, tanto interiores como exteriores, que con el proyecto presentado «no se subsanan».
En este sentido, los jueces señalan al Ayuntamiento que debe también ordenar «la reconstrucción de los elementos protegidos en la forma que resulta de los planos 2 al 13 del Proyecto de Ejecución» y que la Sala de Justicia acordó en su día.
En el nuevo auto judicial, el TSJ insinúa que la iniciativa municipal que ha llevado el Ayuntamiento pudiera pretender «eludir el cumplimiento» de la sentencia del año 2008, por lo que requiere al alcalde de Valladolid que ejecute el fallo.
Recuerda el TSJ al regidor que en caso contrario podría incurrir en una «posible responsabilidad penal o en la imposición de multas coercitivas».
Autorización municipal
La licencia para las obras de este emblemático inmueble del arquitecto Manuel López, que fue inaugurado en 1952 con piedra de Villamayor, fue otorgada mediante un decreto firmado en febrero del 2001 por el concejal de Urbanismo, Federico Sumillera. Con anterioridad, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento había acordado la concesión de la licencia de obras a Edificasa con el objetivo de rehabilitar el inmueble que había tenido como destino principal oficinas de Caja Duero y viviendas.
Entre febrero y mayo del 2002, el Consistorio otorgó las licencias de primera ocupación a las viviendas del 28 de la calle Santiago, del 3 de la plaza Zorrilla y el 13 de María de Molina.
