El pasado 1 de julio, tres años y dos meses después de que esa explosión de gas ocurrida en el bloque número 4 de la calle Gaspar Arroyo el fatídico 1 de mayo del 2007 se cobrara la vida de nueve personas, hiriera a más de treinta y sumiera en escombros el edificio siniestrado y los dos contiguos, los vecinos que perdieron sus viviendas volvieron a tener las llaves de ellas, de sus antiguas pero nuevas casas, reconstruidas tras la explosión. Pero 17 de esos vecinos continúan un mes después viviendo en los pisos de alquiler pagados por la Junta, que ha enviado ya a los inquilinos una carta en la que se les comunica que el 31 de agosto es el último día que tienen de plazo para abandonar esos pisos.
Muchos de esos 17 perjudicados por la tragedia están aprovechando su estancia aún en las viviendas de alquiler para hacer más cómoda la mudanza, pero saben ya que antes de que comience septiembre deben dejar esos pisos subvencionados por la administración regional.
Un total de 26 familias -25 sería más correcto, ya que una de ellas posee dos pisos- de las 29 afectadas por la tragedia recogieron las llaves el 30 de junio y el 1 de julio en la Delegación Territorial de la Junta. Las restantes están aún pendientes de firmar la hipoteca.
«Tenían antes una hipoteca y la Junta les ha dicho que hagan una nueva, pero los bancos no están por la labor. También les ha dicho que hagan un reconocimiento de deuda con ella», apunta el presidente de la Asociación de Víctimas y Afectados, José Luis Ainsúa. «La Junta no les da las llaves hasta el día en que se les entreguen las escrituras, y liga eso a la firma del reconocimiento de la deuda», hace hincapié Ainsúa.
La última de las viviendas que se vinieron abajo es propiedad de una inmobiliaria insolvente, problema éste que la asociación de afectados está tratando de solucionar con un notario.
