La identificación electrónica de la cabaña de ovino continúa sin aclararse en la Unión Europea (UE), tras siete años de normas, prórrogas y aplicaciones de diferentes sistemas de marcado, con más o menos éxito. Se trata de una herramienta tecnológica cuyo fin inicial era la identificación de los animales para poder tener un mayor control de los mismos y una mejor trazabilidad. El tema adquirió más importancia una vez se puso en valor su importancia para el control de las enfermedades y para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores. Los modernos sistemas dentro del campo de la identificación ganadera se basan en la emisión e identificación de ondas de radio. En España a partir de mediados de 2005 todos los ovinos y caprinos debían estar identificados mediante un bolo ruminal, tal como exigía el Real Decreto 947/2005.
España ha ido a la vanguardia de la identificación electrónica de animales. No obstante la aplicación del bolo ruminal generó importantes problemas en el ganado menor lo que obligó al gobierno español a modificar la norma y a autorizar otros sistemas de identificación electrónica como el crotal electrónico o, en el caso del caprino, también marcas electrónicas inyectables o pulseras electrónicas. Sin embargo, al margen del problema con el bolo ruminal, la decisión española de avanzar en este campo ha sido positiva para la mejor defensa de la sanidad de nuestra cabaña ganadera y, por tanto, de los consumidores. Las sucesivas prórrogas dadas por la UE pospusieron hasta el 1 de enero de 2011 la obligatoriedad de implantación de este sistema. Ahora las organizaciones de ganaderos europeos solicitan una nueva prórroga para adaptarse a ella. El hecho es que hasta la fecha hay países que ni siquiera han comenzado su implantación mientras que otros como España llevan desde 2005 aplicándolo. Los principales motivos aducidos son el coste y la falta de dispositivos. En el segundo caso, una demanda genera el aumento de la oferta, algo que no se va a producir si los fabricantes no reciben los pedidos, y que éstos no van a recibir si no hay una obligatoriedad de marcado. Por otro lado se argumentan los costes de este sistema, aunque no se trata de un gasto excesivamente costoso que ya ha sido asumido por ganaderos de varios Estados miembros. Parece razonable y justo que la UE se mantenga firme y no aplace más una obligatoriedad que ya está parcialmente implantada y que debe ser aplicada por todos los ganaderos por igual, evitando agravios comparativos. En cualquier caso, también hay que resaltar que al margen del montante, es un nuevo grano de arena en la estructura de costes de nuestro sector, que encarece nuestros productos frente a los de países externos que exportan cordero a la UE.
