La Comisión Europea planteó ayer a los Estados miembros la consolidación de las garantías que fueron aprobadas con carácter provisional en el 2008 para los tenedores de cuentas bancarias, ante la eventualidad de una quiebra del establecimiento. Dichas garantías provisionales aumentaron hasta 100.000 euros la suma plenamente cubierta por el compromiso de reembolso en caso de quiebra de la institución, desde los 50.000 en los que se encontraba.
La Comisión quiere que esa cantidad de 100.000 euros tenga carácter permanente, y que los clientes de la institución en quiebra los perciban en 7 días como máximo, frente a las semanas, cuando no meses, que esos cobros podrían demorarse si la quiebra tuviera lugar actualmente. La propuesta comunitaria, que deberá recibir el visto bueno de los Estados miembros, concierne a todos los establecimientos bancarios y excluye de su ámbito de aplicación los depósitos de establecimientos financieros y de entidades públicas, a los productos de inversión estructurados y a los certificados de deuda.
Simultáneamente, la Comisión ha propuesto también un refuerzo de la cobertura ofrecida a los inversores, ante los casos de fraude, negligencia o errores de las agencias de inversión con las que trabajen. Y propone aumentar hasta 50.000 euros por inversor las indemnizaciones garantizadas, desde los 20.000 en los que se encuentran.
Más recortes
El Gobierno español confía en que las disposiciones adoptadas para reformar el mercado de trabajo en España y el proceso acometido para la reestructuración del sector de Cajas de Ahorros mejoren la percepción de los socios europeos sobre la competitividad de la economía española. Así lo afirmó la vicepresidenta Elena Salgado a su llegada ayer al Eurogrupo, en el que estaba previsto un debate, que continuará hoy en el Ecofin, sobre los esfuerzos españoles de austeridad presupuestaria y de recorte del gasto público.
El Ecofin, que es la institución con capacidad jurídica para hacerlo ya que el Eurogrupo carece de ella, convalidará las tesis de la Comisión, hechas públicas el pasado 15 de junio, cuando Bruselas consideró que Madrid debía reforzar con el 0,75% de PIB los recortes del gasto público anunciados para el 2011.
El Consejo aprobará hoy los planteamientos de la Comisión de entonces, y reclamará de Madrid ese 0,75% adicional en detalle, así como precisiones sobre el recorte del 1% ya comprometido para el próximo ejercicio pero todavía no concretado por Madrid.
El Ecofin se reúne bajo el signo de la presión franco alemana, cuyos ministros de Economía han remitido a sus pares en el Consejo una carta en la que abogan por el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras, a pesar de la oposición que la idea cosechó en la reciente reunión del G-20 de Toronto. Christine Lagarde y Wolfgang Schauble manifiestan en su comunicación al Ecofin que «la UE debe proseguir con sus esfuerzos para la aplicación de dicha tasa, que es a la vez realizable y necesaria». La imposición de una especie de «Tasa Tobin» provocaría una colisión frontal con Estados Unidos, que reúsa contemplarla.
