Los propietarios de la empresa Valsan tendrán que ir a juicio para responder civilmente de irregularidades administrativas en la declaración del concurso de acreedores de la constructora. La Fiscalía ha ordenado el procedimiento a la vista del informe de los administradores concursales, que han calificado la quiebra de culpable. Tal como explicó el titular del Juzgado de lo Mercantil, el documento elaborado es un trámite que se sigue en todo procedimiento de concurso de acreedores para determinar si la insolvencia es fortuita o culpable, y, , en el caso de Valsan, se han detectado irregularidades en la gestión, que suponen infracciones a la Ley Concursal.
A la vista del informe, el ministerio público ha aplicado los artículos 164 y siguientes, como indicó el fiscal jefe de la Audiencia, que recogen, entre otras causas de concurso culpable el alzamiento de la totalidad o parte de los bienes o cuando la contabilidad no se haya llevado de forma adecuada. En el caso se los propietarios de Valsan se habría apreciado desvío de dinero a otras sociedades, falta de control en la gestión de cobros y una plantilla sobredimensionada que dio lugar a la presentación de cuentas con exceso de costes.
Valsan construcciones y Contratas S.L., presentó el concurso de acreedores en mayo del 2008 y fue una de las primeras quiebras en el sector de la construcción en la provincia como consecuencia de la crisis económica.
Obras paralizadas
La firma, regentada entonces por Manuel Lorenzo García Sancet, tenía su sede en el término de Coreses y en ella trabajaban 92 empleados. Se había creado en 1977 y llegó a ser una de las constructoras más fuertes de la provincia. De hecho, en el momento de la quiebra tenía adjudicadas obras en Salamanca, León, Valladolid y Segovia, y en la provincia de Zamora; en concreto, tres importantes proyectos en Toro, que quedaron paralizados y que hubo que volver a adjudicar: la piscina cubierta, el centro cívico de Tagarabuena y el centro de día para discapacitados psíquicos. Además tenía en marcha proyectos en comunidades como Madrid , Andalucía y Extremadura.
El Juzgado de lo Mercantil declaró la insolvencia de la constructora dos meses después, por deudas de más de veinte millones y cerca de un millar de acreedores, entre los que estaban entidades bancarias, además de proveedores. El juez nombró a los administradores concursales -un abogado (José Manuel Rodríguez Soto) y dos economistas-, que pasaron desde entonces a ocuparse de supervisar las actuaciones económicas de la empresa y que son los que luego emitieron el informe de insolvencia culpable.
Al concurso de acreedores le siguió expediente de regulación de empleo para toda la plantilla, aunque los trabajadores se temían desde hacía tiempo este desenlace. Con todo, el juez de lo Mercantil no autorizó el expediente hasta el mes de octubre. Para entonces quedaban en la empresa 46 trabajadores, la mayor parte de los cuales pasaron directamente al paro y algunos poco tiempo después, cuando terminaron sus contratos.
Venta de las acciones
Poco antes, ese mismo octubre del 2008, el gerente de Valsan, García Sancet, vendió el 99% de las acciones de la constructora a de una empresa extremeña, dirigida por Francisco Becerra. Este trámite no afectó ni al patrimonio de la constructora zamorana y, por tanto, el procedimiento del concurso de acreedores continuó adelante.
Tampoco sirvió para paralizar el expediente de regulación del empleo, de forma que los trabajadores continuaron inactivos, en una situación de vacaciones remuneradas, aunque sin cobrar nóminas.
La constructora no se dio oficialmente por liquidada hasta finales del año pasado, con la publicación en el Boletín Oficial de Estado del edicto del Juzgado de lo Mercantil. En él se anuncia la suspensión a los propietarios de la administración de la empresa y de la propiedad de los bienes; que pasaron a los administradores concursales.
El siguiente paso sería la subasta de los bienes de Valsan. Sus activo estaban valorado en ocho millones, frente a los 25 millones estimados de deuda.
