La Junta de Castilla y León busca en la Diputación de Valladolid una solución al conflicto del macropolígono Canal de Castilla. Después de cinco años, parte los agricultores que fueron expropiados para la construcción de este polígono industrial entre las localidades de Corcos del Valle, Cigales y Cabezón siguen sin recibir el dinero de sus tierras. La Administración autonómica piensa que la llave para dar salida a este conflicto puede estar en la institución provincial a través de la sociedad Sodeva. En concreto, la propuesta que ya está encima de la mesa habla de que sea la propia Diputación la que compre los terrenos a las empresas y se haga con ese suelo industrial. Ésta es la opción que manejan ahora los agricultores y la esperanza que tienen de recuperar su dinero.
Esta operación tendría un coste aproximado de 11 millones de euros, es decir, que sería necesario que la institución provincial acuda al crédito. Según ha podido saber EL NORTE, la Junta de Castilla y León sentó en la mesa al vicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno y al portavoz del grupo provincial socialista para estudiar esa posible salida para desbloquear la situación que mantiene paralizado el que está previsto que sea el polígono industrial más grande de la comunidad con 358 hectáreas.
Los partidos políticos ni confirman ni desmienten esta reunión, aunque el portavoz del PSOE, Juan José Zancada aseguró que esa opción sólo sería viable si la Junta de Castilla y León garantiza alguna compensación. En concreto, Zancada hizo referencia a un programa especial de saneamiento de las haciendas locales o a un plan de depuración de aguas para que todos los municipios de la provincia puedan depurar sus aguas antes de 2015.
Tensiones
En las últimas reuniones, en las que se ha intentado buscar una solución a esta situación, los antiguos dueños de las tierras pidieron a la Junta que paralizase los trabajos. Ayer, diez días después, las máquinas volvían a entrar en las tierras. «Es duro ver cómo trabajan en unas tierras que eran tuyas y aún no has cobrado», explicó Ana Calzada, una de las afectadas. Casi la mitad de los agricultores siguen sin recibir ese dinero que les deben cinco empresas. En total, el coste será de 14 millones de euros.
Desde la Consejería de Economía no quisieron realizar ayer declaraciones al respecto y apelaron de nuevo a que se trata de problemas individuales de los agricultores con las compañías, algo en lo que discrepan los afectados que recuerdan que fue la Junta de Castilla y León quien hizo las expropiaciones. Los agricultores ya advierten que pararán el trabajo de las máquinas hasta que obtengan una solución.
