En el tiempo de descuento antes del debate de la región. Así llegará a las Cortes el último proyecto de ley aprobado por el Gobierno de Juan Vicente Herrera, el de Contaminación Lumínica y Fomento del Ahorro y de la Eficiencia Energética, que establecerá como norma el apagado de la iluminación de monumentos y de luminosos comerciales y hosteleros antes de medianoche. Los días de diario, concretamente, antes de las 23.00 horas.
El texto que inicia ahora su tramitación parlamentaria parte de reconocer los perjuicios hacia la salud de las personas, la fauna y la flora (incide en los insectos y la polinización) que tiene una iluminación inadecuada y excesiva, que además supone un despilfarro de dinero público y que contribuye a aumentar las emisiones que engordan el efecto invernadero.
La ley persigue acotar ese exceso de luminosidad y también fomentar el ahorro económico, ya que establece la obligatoriedad de usar lámparas de bajo consumo. La aplicación de la normativa se ciñe al ámbito público, a los espacios exteriores y al privado en el caso de que esa iluminación afecte a vías urbanas o a comunidades de vecinos, por ejemplo. Las ley dará un plazo de diez años para adecuar las luminarias actuales.
Las obligaciones y medidas que recoge serán de obligado cumplimiento en las poblaciones y entornos de más de 20.000 habitantes y también en el territorio y los municipios que se encuadren en los espacios protegidos o la Red Natura. En estos últimos será la Consejería de Medio Ambiente la administración que tutelará la aplicación de la futura normativa.
La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, destacó ayer el importante ahorro en la factura de la luz que pueden obtener los ayuntamientos que adecuan los sistemas de iluminación. La norma anima a los municipios a hacer público el dato de gasto de electricidad por habitantes para coincienciar al ciudadano.
