Más necesidades, más demanda asistencial y una grave crisis económica. En este realista, que no pesimista, marco, seis consejeros de Sanidad, algunos también con competencias en dependencia, analizaron ayer en Zamora las dificultades para hacer frente a la atención sociosanitaria de sus comunidades y de España en general; las características peculiares de sus autonomías, y los planes ya emprendidos para dar respuesta a la coordinación entre la Sanidad y los Servicios Sociales que imponen las nuevas exigencias, no sólo legales sino obligadas por la actualidad.
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Javier Álvarez Guisasola (PP), fue el anfitrión de este encuentro con sus homólogos de Galicia, Pilar Farjas (PP); de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata (PSOE); Extremadura, María Jesús Mejuto (PSOE); Canarias, Mercedes Roldós (PP-Coalición Canaria), y La Rioja, José Ignacio Nieto (PP).
Distintas comunidades, diferentes colores políticos, variadas condiciones de la población y una misma realidad como punto de partida en todas las intervenciones. El envejecimiento de la población, que afecta más, no obstante, a Galicia y Castilla y León, pero que es amenaza de futuro para todas; la dispersión y dificultad de acceso a los recursos, algo que define especialmente a la tierra que acoge hasta mañana este VI Congreso Nacional de Atención Sociosanitaria; el avance de los diagnósticos y medios terapéuticos y, por lo tanto, el aumento de al supervivencia y de la demanda, y los cambios epidemiológicos fueron el marco de los seis participantes.
Coordinación
Todas las intervenciones coincidieron en la necesidad de integrar y coordinar las redes sanitarias y las sociales para afrontar dicho futuro y responder a los nuevos derechos reconocidos por la Ley de Dependencia. También en común, la necesidad de abordar la financiación de un sistema asistencial que ya es insostenible y aunque ni el copago ni las facturas 'en sombra' ni ninguna otra forma concreta de participación del usuario en el coste de estos servicios fue directamente abordada por los consejeros, sí lo fue el problema de la financiación y la apuesta por potenciar los recursos sociosanitarios de forma que sirvan de 'colchón' de los gastos sanitarios, es decir, que las camas hospitalarias de media y larga estancia o la atención a domicilio o una teleasistencia más compleja puedan en el futuro sustituir a los ingresos en un hospital altamente especializado y equipado.
Las cifras y la experiencia más avanzada en este sentido las puso sobre la mesa el consejero de La Rioja. José Ignacio Nieto explicó que frente a los 500 euros que cuesta una cama de agudos en un hospital, en un centro sociosanitario su precio baja a los 115 euros. La Rioja ya tiene dos complejos de estas características y, en construcción, un tercero. Con 26 y 72 camas respectivamente, un tamaño en función de su población de referencia, tienen una ocupación del 99% y una estancia media de 35 días. Son unidades de convalecencia, rehabilitación o cuidados secundarios que no precisan ni tanto personal facultativo ni tantos medios de diagnóstico o tratamiento.
En realidad no es nada nuevo y ya la vieja palabra 'sanatorio' hace referencia más a estos cuidados que a los sofisticados actuales de ingreso hospitalario. Hace ya tiempo que diferentes agentes sociales reclaman este tipo de puntos asistenciales; incluso en su día se apuntó a la posibilidad de convertir en tal al antiguo Río Hortega de Valladolid.
El consejero de Castilla y León, Javier Álvarez Guisasola, también analizó en su ponencia las claves de futuro y apuntó la de incrementar los recursos de media y larga estancia. Actualmente, Castilla y León tiene algunas plazas concertadas en este sentido con centros privados, pero son escasas.
Apostó asimismo el máximo responsable sanitario de Castilla y León por incrementar los medios para la convalecencia, rehabilitación y paliativos; por la corresponsabilidad del paciente sin entrar en más detalles o fórmulas para ello; la prevención y educación para la salud; la atención farmacéutica en residencias, algo ya muy avanzado en Castilla y León y que en sólo un año ha supuesto una contención de 1,5 millones de euros del gasto farmacéutico; y la conexión entre el sistema sanitario y el social con sistemas de información, marco normativo, coordinación y flujos de financiación intersistemas.
Poder adquisitivo
Guisasola no abordó la cuestión del copago en su intervención, pero sí en respuesta a los medios de comunicación. Destacó que «en el caso de que se implante, no puede ser lineal» sino que deberían afrontarlo «las personas que tengan un poder adquisitivo que les permita contribuir por el uso del sistema» y «quienes no tengan esa capacidad deberían quedar exentas».
La experiencia extremeña, trasladada por su consejera María Jesús Mejuto, apuesta también por recursos que permitan «descargar un exceso de atención que no corresponde al sistema sanitario». Extremadura, que aúna en una sola consejería las competencias sanitarias y sociales, tiene camas sociosanitarias implantadas para tres niveles de atención diferentes según la intensidad de los cuidados; implantada una conexión en red para los tratamientos anticoagulantes, y una experiencia piloto con teleasistencia avanzada, de forma que el operador deriva no sólo al sistema social sino al sanitario. Su consejera destacó que «un buen desarrollo de la Ley de Dependencia» liberará al sistema sanitario de una buena carga, aunque reconoció que la crisis «ralentiza» su implantación.
La consejera del servicio gallego de salud, Pilar Farjas, abordó también las dificultades de financiación del sistema e indicó que «hay que hacer una apuesta clara por la sostenibilidad de la red de servicios y de recursos suficientes para mantener la calidad». Señaló que su comunidad trabaja en unificar criterios de actuación sanitaria y sociales y en crear una tarjeta conjunta, diseñar un mapa de recursos, una escuela de salud para el ciudadano, la implantación de nuevas tecnologías... y «ya hemos constituido una comisión de coordinación» para los cuidados de larga duración.
El consejero Fernando Lamata llevó al congreso la situación de Castilla-La Mancha desde una administración que lleva las competencias sanitarias y también de dependencia. La intervención sociosanitaria contando con la participación de asociaciones y comarcas en busca de la integración de recursos es la apuesta castellano-manchega. Lamata explicó que su Gobierno primero abordó la asunción de ambas competencias, fruto de un recorte por la crisis, como un proyecto de integración, pero la oposición encontrada por temer que un sistema «se comería al otro» llevó al Gobierno a decidirse por la coordinación. Recordó el consejero de esta comunidad que el copago se acepta bien en los servicios sociales como el 'catering' o en los medicamentos, pero no en la asistencia sanitaria e insistió en que «la sostenibilidad del sistema depende de la capacidad de pago del país, de la renta per cápita». Recordó que la Ley de Dependencia se aprobó en época de bonanza y que la crisis crea ahora serias dificultades para pagar las prestaciones; aunque habría que estudiar otros mecanismos antes que plantearse el recorte de las mismas y así apuntó al fraude fiscal.
Por su parte, la consejera de Canarias, María Mercedes Roldós, reclamó la implantación de una cartera de servicios sociosanitarios, un compromiso muchas veces incumplido. Apostó asimismo por las políticas de prevención y por introducir un módulo sanitario dada la poca carga que tiene en la Ley de Dependencia. Canarias trabaja en la interacción de varios planes de atención a dependencia y mayores para crear un sistema que atienda los diferentes niveles de requerimiento. Insistió asimismo en «asegurar una financiación suficiente y estable».
