«La telefonía siempre encabeza las reclamaciones y aunque no suele ser mucha cantidad económica para el usuario, si multiplicas las 4.504 que hubo en el 2009 por una media de 40 euros son 180.160 euros de posible fraude y esto sólo de quienes reclaman, que no son todos ni mucho menos», explica Prudencio Prieto, responsable de UCE en Castilla y León.
Para este defensor del consumidor, las operadoras «realizan estas prácticas no por falta de competencia, sino porque con el paso de un operador a otro, las confusas facturaciones, el hacer al usuario recurrir a distintos departamentos... en realidad es un engaño, lo hacen queriendo para no ser efectivos». «Tienen impunidad, con lo fácil que sería un simple escrito por parte del cliente para darse de baja de algo; pero haría falta una honorabilidad empresarial que no tienen», añade.
«Nosotros recomendamos el empleo de un burofax que es el documento más reconocido, porque el correo electrónico no siempre lo acepta como prueba un juzgado, para darse de baja de un contrato o servicio, o un acta notarial; aunque el problema de todo esto es el precio, que sale caro», destaca Prieto.
Señala este experto en consumo que la telefonía acapara reclamaciones; pero son de menor montante para cada particular que los de otros servicios como las entidades financieras y la vivienda que suelen provocar problemas mucho más graves en el usuario.
Desde la liberalización del sector, las telecomunicaciones han empeorado, creíamos que no iba a ser así, que iba a mejorar, pero es lamentable, la libre competencia no ha traído mejoras para el consumidor porque además las compañías hacen lo que quieren, pactan precios aunque se ilegal... y cualquier sanción les es indiferente porque tienen enormes ganancias a costa de ese riesgo y nosotros firmamos, porque nos regalan un teléfono, contratos en barbecho».
Otro sector preocupante es el de las entidades financieras. «No se puede tratar mal al cliente, lo que hacen es una grosería encubierta, intentan que no entienda de lo que hablan, procuran tecnificar la protesta para que les des la razón y te cobran lo que no está escrito... sus fallos los costea el cliente, si no pagan un recibo a tiempo aunque haya dinero en la cuenta, la carga le llega al usuario porque no reconocen fallo alguno y no lo hacen porque sería un precedente, les resultan más baratas las sentencias que reconocer un pago porque aceptar un error implica un reconocimiento expresado».
Prudencio Prieto considera, de todas formas, que las prácticas de consumo en general han mejorado, pese a que «hay mucho abuso por parte del prestador del servicio y somos además una sociedad incapaz de dedicar tiempo al servicio común».
