Un Juzgado de Primera Instancia de Valladolid ha reconocido (en uno de los múltiples juicios monitorios) el pago de una deuda dejada de pagar a un procurador por importe de 272 euros. Esta decisión judicial es consecuencia del procedimiento que inicio un particular a mediados del 2008 para reclamar ante los tribunales las rentas de una finca urbana situada en el barrio de Covaresa.
Por esta demanda, el propietario reclamaba 2.195 euros de rentas y 5.000 euros por desahucio. Tras reconocer el juez la razón del propietario y obligar al lanzamiento o expulsión del inquilino (que requirió más trámites procesales ante el Juzgado), el cliente dejó a deber los 272 euros que ha provocado la reclamación por parte del procurador a su antiguo cliente.
Un procurador reconoce que a veces se dejan de ingresar pequeñas cantidades en la confianza de que los profesionales del derecho no las van a reclamar. «Eso podía suceder antes, pero ahora en la actual situación económica en la que están los despachos no es así», dice.
En el caso de este pleito civil, iniciado en julio del 2008, el procedimiento judicial para cobrar esta deuda por el servicio profesional prestado por el procurador se extiende ya a este año 2010.
El pasado mes de febrero, el juez de Primera Instancia dictó un auto para proceder a embargar los bienes por los 272 euros, más otros 81 por intereses y costas de ejecución posteriores.
En el mismo se aceptaba la petición del procurador de librar oficios dirigidos a la Jefatura Provincial de Tráfico (para que indique los vehículos del moroso), a la Tesorería de la Seguridad Social (para que facilite la vida laboral del demandado y la empresa en la que presta sus servicios), y a la Gerencia Regional del Catastro (para que indique cuáles son los inmuebles de naturaleza rústica o urbana de los que sea titular el deudor). Todo un largo procedimiento judicial para poder cobrar una deudad que partió de 272 euros.
