Abogados y procuradores comienzan a ser también ya los paganos de la crisis económica en sus relaciones con los clientes, que han aumentado en los dos últimos años por reclamaciones de deudas de impagados, desahucios y despidos de trabajadores.
Por un lado, los letrados se están viendo afectados porque el número de pleitos que han tenido durante la pasada década ha descendido sustancialmente como consecuencia del retroceso de la actividad económica, que se ha cebado con el sector de la construcción y muchas pequeñas empresas que vivían al 'calor del ladrillo'.
Paralelamente, el segundo motivo está en la dificultad que tienen para cobrar las defensas de sus clientes, que se están demorando en los pagos a los despachos de letrados.
De un escenario donde la liquidez estaba presente, a otro donde algunos letrados están dirigiendo sus esfuerzos a preparar procedimientos para reclamar las facturas de sus antiguos usuarios, convertidos en morosos. «Ahora no pueden pagar ya que también arrastran los impagados de sus empresas, que en algunos casos tienen cuantías que superan los 10.000 euros», dicen.
Dueños de locales, proveedores de mercancías a comercios, propietarios de pisos que llevan hasta un año sin cobrar la renta, son algunos a los que luego los letrados tienen que reclamar en los juzgados pese haber defendido los procedimientos civiles y contencioso-administrativos. En la jurisdicción de Familia también se están dando casos de ex cónyuges que tienen dificultad para pagar los procesos de separación matrimoniales de carácter contencioso, que son mucho más caros en costas que los pactados.
Más fácil parece que lo tienen los abogados laboralistas, que con los expedientes de regulación de empleo (ERE), o los despidos de trabajadores fijos o temporales, suelen pactar un porcentaje de las indemnizaciones reconocidas tras las sentencias de los Juzgados de lo Social.
Pero, ¿qué cantidades a reclamar se barajan?
A modo de ejemplo, una reclamación de una deuda por importe de 18.000 euros representa unos honorarios de abogado de 2.700 euros. A esta cantidad habría que añadir los del procurador, cifra bastante más reducida.
Aunque el mecanismo que tienen los letrados para prestar sus servicios es la petición al cliente de una provisión de fondos, lo habitual es que con un margen de confianza esta entrega sea mínima y dependiendo de las dificultades que en estos momentos está pasando el usuario de estos servicios.
Ante una situación de crisis como la actual, y la demora en la resolución de los pleitos por el atasco judicial, muchos letrados reconocen que como mejor opción de cobro no es la de aplicar las tarifas mínimas que fijan los colegios, sino el pedir un porcentaje en función del resultado. Hace unos años este concepto estaba prohibido, hasta que los abogados laboralista lo comenzaron a poner en marcha.
«No parece lógico que se cobren 300 euros por un despido cuando la indemnización que iba a percibir el trabajador va a ser de 30.000 euros», comenta un letrado, que añade que la libertad de pacto se está aplicando también en las reclamaciones de indemnizaciones por accidentes de tráfico. La crisis está provocando además que muchos clientes se abonen a servicios de asesoría telefónica y de Internet para obtener consultas rápidas.
El nuevo Estatuto de la Abogacía recoge que será obligatoria la colegiación en el domicilio que tenga el abogado. Así, si un letrado está empadronado en Tarragona y ejerce en Valladolid, la cuota que abonará será en la ciudad catalana.
