El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, Ismael Bosch, ha pedido al secretario municipal que certifique si el alcalde independiente, José Manuel Méndez, incurrió en una causa de abstención cuando tuvo de pronunciarse, autorizar o votar informes urbanísticos que permitieron recalificar o aumentar edificabilidad a constructoras o promotoras que han operado en la última década en Arroyo.
La petición del concejal socialista se ha formalizado el pasado 5 de marzo, después de conocerse que el magistrado de Instrucción número 1 de Valladolid ha citado a Ana Fernández, esposa del regidor de Arroyo, para declarar como imputada por sus relaciones societarias con la familia Ibáñez y su albacea, dueños de la mayoría de los terrenos en este municipio. El albacea de los Ibáñez, Florentino González Rodríguez (que también ha sido citado como imputado por el juez para que declare el próximo mes de mayo), aparece en la sociedad Promotora Ulmetum, donde la mujer de Méndez compró en el 2004 acciones por 39.000 euros. González, considerado como 'cerebro' de la presunta trama de recalificación urbanística en este municipio, aparece también como accionista en la empresa La Cárcaba de Arroyo, vinculada al Grupo Mahía.
El PSOE recuerda en su escrito al secretario municipal que la Ley de Bases de Régimen Local dice que los miembros de las Corporaciones deberán de abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas de abstención, en relación con los procedimientos y contratos con las administraciones públicas.
Esta misma ley establece que cuando se incurriera en estos casos por parte de los miembros de los ayuntamientos se podría declarar «invalidez de los actos» administrativos. El concejal socialista sostiene que el hecho de que haya aparecido en la investigación judicial que la mujer del alcalde (José Manuel Méndez es miembro del Ayuntamiento desde 1999 y desde el año 2003 ejerce como regidor de Arroyo), «es una cuestión que exige una respuesta esclarecedora que no admite evasivas» desde el punto de vista político.
Por ello, entiende el PSOE que el secretario local debe de certificar como garante de la legalidad municipal si Méndez participó en «votaciones y decisiones institucionales que afectan a la familia Ibáñez».
