El Grupo Provincial Socialista en la Diputación de Valladolid anunció ayer que presentará una moción en el próximo pleno ordinario para exigir la firma de un convenio entre dicha institución y la Junta al objeto de garantizar la implantación de los sistemas de depuración de aguas residuales en los pequeños municipios de menos de 500 habitantes.
Los socialistas, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recordaron la necesidad que tienen todos los ayuntamientos de dar cumplimiento a las exigencias de la Normativa Comunitaria (Directiva del Consejo 91/271/CEE) en orden a garantizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas en todos los municipios de la provincia de Valladolid antes del año 2015.
Año tras año, el Grupo Provincial Socialista ha venido denunciando esta situación y ha presentado diferentes iniciativas tendentes a resolver y dar cumplimiento a la normativa comunitaria. Así, en el año 2008, desde el PSOE se planteó aprobar un 'Plan especial de Depuración de Aguas Residuales y Colectores' con tratamiento secundario para municipios de menos de 2000 habitantes, si bien, como advirtió el portavoz del PSOE, Juan José Zancada, «dicha propuesta fue rechazada».
La Diputación, pese a la negativa mostrada ante la propuesta socialista, en el mismo ejercicio 2008 suscribió un convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León al objeto de realizar un estudio sobre el estado de la depuración de las aguas residuales en los municipios de menos de 2.000 habitantes en la provincia de Valladolid . Como recuerda Zancada, ese estudio constata el estado deficitario de los sistemas de depuración y cuantifica el coste de adecuación de los mismos en 28.250.576 euros.
«Estamos hablando de mucho dinero para acometer un gasto necesario y al que nuestros municipios se ven obligados por la directiva de la Comisión Europea», según el portavoz socialista, si bien «realmente, el principal problema lo tienen los municipios de menos de 500 habitantes por cuanto que son éstos los que se encuentran con más dificultades económicas y no están exentos de dar cumplimiento de la directiva europea, de ahí que Zancada abogue por dar prioridad a las 133 localidades vallisoletanas que han de acometer estas importantes infraestructuras.
No obstante, el también diputado provincial socialista José Antonio González Poncela apuntó que es la Junta la que ha de ejecutar las inversiones necesarias a través de la Consejería de Medio Ambiente, toda vez, que asume competencias de ayuda técnica y económica a las Corporaciones Locales para la realización de inversiones en materia de abastecimiento de aguas y depuración de aguas residuales. Asimismo, la Diputación ha de garantizar la prestación integral y adecuada del servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales, que es competencia municipal.
