Tractoradas, concentraciones, lanzamientos de huevos,..., y ahora, un encierro. Los agricultores titulares de las tierras sobre las que se levantará el futuro macropolígono industrial Canal de Castilla, que acumula ya más de tres años de retraso, acordaron ayer a las 14.00 horas atrincherarse de manera indefinida en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cigales para exigir el pago de los más de diez millones de euros que les adeudan.
La medida llegó después del plantón recibido al mediodía, cuando tenían previsto reunirse en Arroyo con los responsables de la empresa pública ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León y de las empresas que adquirieron las parcelas repartidas entre Cigales, Corcos del Valle y Cabezón.
La portavoz de la plataforma de afectados, Ana Calzada, mostró su intención de «permanecer aquí el tiempo que sea necesario hasta que el último agricultor cobre lo que nos deben» y advirtió de que «no van a dividirnos a pesar de que Caja Segovia acabe de pagar el 60% de los terrenos que le pertenecen porque todavía falta el 40% restante».
Calzada, que lamentó que «nadie» les quisiera recibir, criticó también que «ni siquiera» les ofrecieran una explicación de la desconvocatoria «en el último momento» del encuentro previsto para ayer. «No vamos a esperar otros tres años para que nos den otra solución brillante», anunció antes de insistir en que «no nos vamos a mover de aquí hasta que encontremos una solución para todos los afectados».
El encierro, que cuenta con el beneplácito del Consistorio, comenzó a las 14.00 horas, cuando una veintena de agricultores estacionaron media docena de tractores frente al Ayuntamiento; colgaron la pancarta, la misma que llevan tres años paseando durante sus manifestaciones, del balcón, y se hicieron fuertes en el salón de plenos de la primera planta. Las tortillas y los embutidos regados, como no podía ser de otra manera, con clarete les sirvieron a los manifestantes para pasar las primeras horas de protesta.
Con ellos estuvo durante las primeras horas el secretario provincial de Asaja, Lino Rodríguez, quien recordó que el miércoles se cumplieron cinco años «exactos» desde que el consejero de Economía anunciara la construcción en menos de tres años del polígono industrial «sin que se haya movido una sola piedra dentro de los terrenos».
El dirigente de la organización agraria reiteró su petición de que «la Junta adopte las medidas necesarias para que los propietarios reciban el valor acordado por sus tierras y comiencen las obras cuanto antes». Rodríguez incidió en que a los afectados ya no les valen «excusas sobre si son contratos privados, cuando es más que evidente que no es un polígono privado desde el mismo momento en el que se decretaron las expropiaciones, impidiendo así la libertad de venta».
Vías de financiación
La única entidad que ha cumplido hasta la fecha con los pagos acordados, siempre según los agricultores, es Caja Segovia, que acaba de abonar el 60% de sus terrenos. «Todavía quedan muchas empresas pequeñas sin pagar y lo que pedimos es que la Junta busque vías de financiación», añade Ana Calzada.
El principal problema al que se enfrentan los afectados pasa por la «lentitud con la que se ha desarrollado este proyecto hasta llegar a la actual recesión económica», reconoce Lino Rodríguez. Y es en la crisis precisamente en la que se están escudando las empresas para «no pagarnos todo lo que nos deben».
