La nueva Ley de Seguridad Vial, que entrará en vigor el próximo 23 de mayo, acabará con uno de los problemas históricos más acuciantes que sufren los talleres: el abandono de automóviles en sus instalaciones. Este fenómeno se ha incrementado con la difícil situación económica, al no poder hacer algunos propietarios frente a las facturas, o bien porque no les vale la pena reparar sus viejos automóviles. Aquéllos que cuentan con 10 años o más tienen un precio en el mercado en torno a los 1.000 euros, cantidad inferior al coste que supone ponerlos en funcionamiento de nuevo. Por otro lado, existen vehículos de empresas en quiebra, o incluso casos pintorescos, como el de los matrimonios mal avenidos que prefieren que el vehículo -generalmente de alta gama- se quede en el taller antes que en poder de su 'ex'.
El caso es que, por unas causas u otras, en España el año pasado se quedaron en esta situación de abandono más de 75.000 automóviles, de los que unos 4.000 correspondieron a Castilla y León, lo que sitúa a la comunidad en el sexto puesto de este ránking, por detrás de Cataluña (12.206), Madrid (7.624) y Galicia (5.722), entre otras.
Estos vehículos se abandonan en las instalaciones por un tiempo medio de unos tres meses, aunque en ocasiones puede sobrepasar incluso los cuatro años. El trastorno económico para el dueño de las instalaciones es evidente, pues por un lado ocupan un espacio y, por otro, en el caso de los ya reparados la factura correspondiente está sin pagar.
En la actualidad, el taller es depositario de los vehículos que entregan los clientes y, como tal, tiene el deber de guardia y custodia, lo cual dificulta que pueda desprenderse de ellos transcurrido un periodo prudencial de tiempo. Por este motivo, los talleres optan por mantener los vehículos en sus instalaciones por tiempo indefinido con los sobrecostes que esto supone, si se consideran los gastos de estacionamiento (unos 109 millones anuales) y reparación no abonados (unos 80 millones anuales). En total, cerca de 190 millones de euros para los talleres españoles en cada ejercicio.
Esto ya no será igual a partir del próximo 23 de mayo. Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Vial, y conforme a lo recogido en el artículo 86 de la misma, los talleres de reparación de vehículos podrán en el plazo de tres meses mandar a los Centros de Tratamiento de Residuos (los desguaces, para entendernos) aquellos vehículos que tengan abandonados en sus instalaciones. Para ello han de acreditar ante Tráfico su situación de abandono desde al menos dos meses, es decir, que se ha comunicado al cliente que podía retirar el vehículo y éste no ha respondido durante ese plazo. A partir de ahí, la correspondiente Jefatura Provincial informará al citado propietario de que dispone de un mes para retirar su vehículo o, de lo contrario, será enviado para chatarra. Por lo tanto, en tres meses se puede dar por zanjado en problema, al menos de ocupación de espacio. Esto, sin embargo, no conlleva el pago de posibles facturas pendientes, aunque los dueños de talleres esperan que en determinados casos esta situación 'anime' al pago de la cantidad debida para evitar perder el vehículo.
Surgen dudas
Pero este cambio de situación no está muy claro para todos. Surge la duda de qué pasará si el cliente contesta que él está dispuesto a pagar, pero no la cantidad reclamada al no estar conforme con la reparación realizada, ya sea desde el punto de vista técnico o desde el económico. Aquí la respuesta está en que para realizar cualquier reclamación de este tipo, el propietario del vehículo ha de pagar previamente la factura.
Otras dudas se refieren a si el tema está jurídicamente bien atado; hasta qué punto Tráfico, que es un ente administrativo y no un juez, puede realizar este tipo de intervención que afecta al cambio de la propiedad de un bien. En realidad no existe un cambio de propiedad, sino una gestión de tipo medioambiental.
Para otros propietarios de talleres, llevar a cabo este proceso solo cabe en casos extremos, donde la reparación (si la hubiere) y los gastos de estancia, resultan claramente incobrables. Éste es un punto clave, ya que la aplicación de los artículos de la nueva Ley de Seguridad Vial no está enfocada para cobrar deudas pendientes, que han de seguir otros cauces legales. Aquí se trata de desbloquear una situación, de recuperar un espacio en los talleres ocupado por automóviles de muy bajo valor en una situación real de abandono y cuyos gastos de estancia son irrecuperables y el paso del tiempo no hace sino agravar de forma inútil.
Para Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de Ganvam, esta ley «que ha sido un objetivo muy perseguido por la asociación desde hace tiempo, permitirá desbloquear una situación que hace un enorme daño a los talleres -grandes y pequeños- con vehículos que se abandonan en ellos ocupando espacio de trabajo durante años, con el perjuicio que esto supone para una empresa, y se aplicará por parte de Tráfico con todas las garantías».
