Los avances tecnológicos, de investigación y médicos mejoran día a día la calidad asistencial y las posibilidades de supervivencia, pero sostener las miles de urgencias, cirugías, consultas y pruebas de diagnóstico que el sistema sanitario atiende cada día, modernizar instalaciones y actualizar las técnicas de diagnóstico y tratamiento ha alcanzado ya unos costes insostenibles.
El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, hace ya tiempo que ha introducido esta preocupación en su discurso y el pasado mes de febrero, la ministra del ramo, Trinidad Jiménez, se comprometió, ya en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a celebrar un nuevo encuentro monográfico y extraordinario sobre financiación que ayer encontró su espacio.
Trinidad Jiménez presentó ayer un documento de propuestas básicas para aumentar la financiación y racionalizar el gasto, además de adelantar el Decreto-Ley sobre gasto farmacéutico que implicará un ahorro de 1.500 millones de euros en todo el país. Esta reducción, según los cálculos de Álvarez Guisasola, se traducirán, de aprobarse, «en un ahorro de cien millones de euros al año para Castilla y León, una comunidad que gasta mil al año, más de 700 en Atención Primaria y unos 200 en Especializada». Esta contención se basa en provocar el descenso de los precios de los medicamentos; lo que afectaría a la industria farmacéutica y «nunca al usuario», explica el responsable de la comunidad. El proyecto establece los precios más bajos posibles en los fármacos que se incorporan al sistema e, incluso, busca el abaratamiento de los que ya están en él; recurre a la reducción de los plazos de adaptación, la UE concede tres años y España lo bajaría a menos de uno; busca también el mantenimiento del precio de referencia cuando un fármaco reaparece en el mercado con una innovación galénica, es decir, otra forma de consumo; o, si es de alto uso como el paracetamol, propone optar por el de menor precio ofertado para todos a la hora de tener una financiación pública.
Las medidas aportadas por el Gobierno central para la sostenibilidad del sistema coincidieron en su mayoría con las que llevaba en la cartera el titular de Castilla y León. Álvarez Guisasola reconoció que «esta vez» el Gobierno central había hecho los deberes, por lo que volvía de Madrid «con una satisfacción moderada»; aunque aún queda mucho camino por delante.
Factura
El gasto farmacéutico y los recursos humanos suman el 80% de la factura sanitaria, de ahí que abordar ambos temas sea prioritario para frenar las necesidades económicas del sistema sanitario.
El consejero de Castilla y León llevó ayer a este encuentro un paquete de medidas «para garantizar la calidad, equidad, cohesión y sostenibilidad» del sistema nacional. Son, por lo tanto, los profesionales, los que mayor protagonismo tienen entre sus propuestas. Álvarez Guisasola plantea el compromiso de elaborar y desarrollar un plan estratégico de recursos humanos común para todo el sistema nacional, con una serie de actuaciones concretas vinculantes que se abordarían en una Mesa Nacional de Negociación en la que estén representadas todas las autonomías y los agentes sociales del sector.
Guisasola entiende que la finalidad última de estas medidas es impulsar un carácter «homogéneo e integrador» que garantice la cohesión y vertebración territorial, «deberán ser acordadas en el seno de la Comisión Nacional de Recursos Humanos y del Consejo Interterritorial». Para que esta propuesta sea efectiva, el titular de Castilla y León advierte que, «de manera imprescindible y como premisa previa, deberán establecerse las fórmulas de financiación básicas destinadas a cubrir el coste real del servicio o prestación sanitaria, que garanticen el cumplimiento del principio de suficiencia financiera y tengan en cuenta las peculiaridades territoriales».
