«Propio de tiempos pasados». La definición es de Antonio Silván, consejero de Fomento, y la aplicó ayer al régimen sancionador en materia de vivienda protegida (VPO) heredado de los últimos años del franquismo y actualizado en 1978. Esa normativa sancionadora pasará a la historia en cuanto las Cortes voten la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, cuyo texto remitió ayer al Parlamento autonómico el Consejo de Gobierno de la Junta.
La futura ley, primera de vivienda que se aprobará en la comunidad, elevará las sanciones por infracciones muy graves de los 6.000 euros actuales (el millón de pesetas de 1978) a los 90.000. «Cantidad que será corregida al alza en el supuesto de que el beneficio obtenido con la infracción fuese superior, hasta igualar ese lucro logrado. Ningún infractor podrá obtener beneficio», precisó el consejero de Fomento, quien no dudó en asegurar que ese endurecimiento de sanciones contribuirá a controlar el fraude. Antonio Silván destacó que el proyecto de ley de vivienda aumentará la seguridad jurídica de compradores y arrendatarios en un sector tan delicado como el inmobiliario. «Ofrece un plus de garantía y seguridad», precisó.
«Es una ley muy participada y que nace del consenso en el marco del diálogo social. Es una ley social, porque tiene muy presentes a los colectivos con más dificultes sin olvidar el peso económico y en el empleo que tiene el sector de la construcción», valoró el consejero.
El proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, con 108 artículos, presta una atención «especial» al entorno rural con la creación de una vivienda protegida adaptada a las peculiaridades de los pueblos.
Libro del Edificio
La normativa crea el Libro del Edificio, que recogerá información técnica y jurídica de la construcción del inmueble y de las obras de mantenimiento y reforma. Las comunidades de vecinos estará obligadas a cumplimentarlo y depositarlo ante notario o registrador -según estipule la legislación nacional- para su consulta. También regula la inspección técnica de los edificios con carácter periódico.
Otro de los títulos de la ley se centra en la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, con atención a la arquitectura bioclimática adaptada al variado mapa de la comunidad. El texto busca promover el uso de materiales autóctonos con propiedades térmicas.
Otro de los títulos regula todo lo concerniente a las viviendas protegidas. El consejero Silván aseguró ayer que se intentará lograr el mayor equilibrio entre la oferta y la demanda con el Registro de Demandantes de Vivienda, al que se da rango legal. La legislación regula el valor del suelo en la promoción de viviendas de protección y se establece el precio máximo de venta y el precio de referencia para el alquiler, así como las distintas formas de vivienda protegida, de promoción pública y de promoción privada.
El proyecto de ley, cuyo debate se abordará en las Cortes en las próximas semanas, contempla también medidas para fomentar el mercado del alquiler.
