En fase de consulta, es decir, abierta todavía a reformas y enmiendas, la nueva Ley de Integración de los Inmigrantes, que deberá aprobarse este año según el calendario de la Junta, prevé que el conocimiento de la lengua castellana suponga un deber de todos los extranjeros que residan en la región, al menos en su relación con los poderes públicos de Castilla y León. Una medida, entre otras muchas, cuyo último fin busca que la integración de este colectivo sea efectiva y permita la doble vía de la relación satisfactoria.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que deber es igual a derecho. Los inmigrantes, para que las pretensiones del Gobierno regional logren el objetivo de la integración sin disyunciones, es preciso que conozcan en profundidad las normas por las que se rige nuestra convivencia, para que las acepten y su presencia entre nosotros transcurra por los cauces de la normalidad. En segundo término, hay que tomar esta medida como integradora, nunca como diferenciada, y esto sólo será posible por medio de la tolerancia mutua y la educación en los valores que deben ser comunes.
No podemos olvidar que el aprendizaje del castellano en América, que alcanzó su máxima proyección tras la independencia, estuvo estrechamente vinculado con las reclamaciones de los indígenas de sus derechos a ser ciudadanos de primera, a comprar casas, hacer contratos, a no seguir supeditados a un poder que les negaba sus máximas aspiraciones. La lengua de los blancos, dominarla, constituyó la herramienta de su unidad y la defensa de sus pretensiones. El castellano constituye, pues, una lengua de integración y de igualdad. Hay que luchar por que esto siga siendo así, más cuando las personas con otras lenguas maternas quieren vivir entre nosotros, compartir nuestras inquietudes. El idioma que nos comunica supondrá para ellos el paso obligado si quieren formar parte de nuestra sociedad, acceder a un trabajo, educar a sus hijos. Ellos, por necesidad perentoria, se esforzarán en hablar español; nuestra Administración, como ineludible responsabilidad debería corresponder esforzándose en ofrecer al inmigrante los medios por los que acceda al aprendizaje del español. En el momento en el que el castellano no constituya una dificultad, el extranjero perderá tal condición, su integración resultará posible y el beneficio mutuo.
