El ex alcalde de Pedralba de la Pradería, Gregorio Arias Mayor mantuvo ayer, durante el juicio celebrado en el Juzgado de Puebla, que la propiedad de los terrenos cedidos para el parque eólico Nerea, propiedad de Gecalsa, era del Ayuntamiento.
Eran terrenos «comunales», concretó Arias, que declaró como testigo en la vista oral que se celebra tras la decisión de la Audiencia Provincial de anular, el año pasado, la sentencia del Juzgado de Puebla que condenaba a la eó lica a entregar 16 aerogeneradores a los vecinos a cambio de una indemnización de 4,3 millones de euros.
La Junta Vecinal de Calabor había denunciado la ocupación de 300 hectáreas de terrenos por parte de la promotora del parque eólico. Fue durante el mandato de Arias cuando se tramitó el expediente administrativo para la cesión de los terrenos del parque y la construcción del complejo de producción energética, valorado actualmente en 35 millones de euros.
El testimonio del ex alcalde, que respondió a buena parte de las preguntas con un «no recuerdo», fue la principal novedad en el segundo juicio celebrado en Puebla de Sanabria por este caso. Comparecieron, además, el director general de Gecalsa, Javier Gracia; los representantes de las entidades crediticias, que fueron las que propiciaron la anulación del primer juicio al presentar un recurso por indefensión; y los peritos y la representación de la Junta Vecinal de Calabor.
Gracia reiteró la disponibilidad de la empresa a pagar el canon por los aerogeneradores al titular del terreno, el Ayuntamiento o los comuneros. En el Juzgado de Puebla están depositados más de 100.000 euros del canon de los últimos años. También reconoció que en el periodo de tramitación en ningún momento se puso en duda que el suelo no fuera municipal. El informe pericial de parte sostiene que el parque eólico Nerea está fuera de los terrenos comunales.
Por su parte, el ex presidente de la Junta Vecinal de Calabor, Pedro Rodríguez Chimeno, concejal de la Corporación en el último mandato de Gregorio Arias, mantuvo sin ninguna duda que las 300 hectáreas en litigio se habían administrado de forma vecinal «desde tiempos de mis antepasados».
En el Registro
La propiedad de los vecinos se acreditó mediante la inscripción, como finca número 92, en el Registro de la Propiedad de Puebla a favor del común de vecinos de Calabor de Sanabria. La administración de la finca se ha mantenido de forma comunal, tanto en el reparto de pastos, como de leñas, los aprovechamientos tradicionales que tenía. El representante vecinal corroboró que se intentó llegar a un acuerdo con la empresa para eludir un nuevo juicio. La evaluación de los peritos de las valoraciones sobre el coste de construcción del proyecto, ejecutado en el año 2004, es de 18 millones de euros, que tras su puesta en marcha se eleva a 35 millones.
Tras más de cinco horas de declaracione, la sala acoge hoy la segunda sesión del juicio, donde se conocerán las conclusiones de las partes en litigio.
